Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
Esto no tiene precedentes modernos.
Hay que remontarse a los años treinta, a los tiempos de Abelardo L. Rodríguez, cuando la frontera norte se convirtió en el patio trasero de los excesos estadounidenses durante la Ley Seca.
Mientras Washington prohibía el alcohol, en Baja California florecían cantinas, casinos y contrabando bajo protección política.
En el centro estaba el gobernador Rodríguez —futuro presidente— y el mítico Casino Agua Caliente, semilla de un modelo de convivencia entre poder político, dinero ilícito y protección institucional.
Casi un siglo después, la historia regresa amplificada, letal y con nombre propio.
Esta semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de Aakash Singh, subfiscal general adjunto, instruyó directamente a las 93 fiscalías federales del país (TODAS) para que intensifiquen y tripliquen las investigaciones y expedientes contra funcionarios y políticos mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico.
La orden es clara y agresiva: no solo perseguirlos por narcotráfico, sino aplicar estatutos antiterrorismo (apoyo material a organizaciones terroristas), tras la designación de varios cárteles como tales.
Ya no se trata solo de capos.
Se trata de estructuras de poder.
El precedente de Genaro García Luna fue devastador.
Ahora viene la escalada sistemática.
El caso de Gerardo Mérida Sánchez —exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ya en manos estadounidenses— y la acusación contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros altos funcionarios sinaloenses marcan el inicio de esta nueva arquitectura de persecución.
Washington ha cruzado la línea doctrinal: el narcotráfico mexicano ya no es solo crimen organizado.
Es una amenaza a la seguridad nacional infiltrada en el Estado.
Esta no es una ofensiva penal ordinaria.
Es una estrategia integral:
- Financiera: cuentas en Texas, propiedades en Miami o Madrid.
- Diplomática: visas, viajes, extradiciones.
- De inteligencia: seguimiento prolongado y expedientes que crecen durante años.
Estados Unidos no suele retroceder cuando convierte algo en prioridad federal.
Y el fentanilo lo es.
En 1932 el negocio era alcohol.
En 2026 es fentanilo.
La diferencia es brutal: Washington lo considera ahora una amenaza directa a su propia supervivencia.
México entra en territorio desconocido.
La presión ya no vendrá solo de aduanas o decomisos.
Vendrá de expedientes, indictments y una maquinaria judicial estadounidense que ha decidido mirar al corazón del poder político mexicano.
La historia no se repite, pero rima. Y esta vez, el volumen es ensordecedor.
