Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
A las amenazas de Donald John Trump se sumó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Brian Hegseth, al advertir que el gobierno de México debe dar un paso adelante contra los cárteles de la droga para que su país no tenga que intervenir.
La advertencia la hizo ante el Senado y la Cámara de Representantes, luego de que el inquilino de la Casa Blanca ubicara a México y a Colombia como objetivos prioritarios de su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, mediante un documento que endurece la política antidrogas del Tío Sam y exige resultados ‘medibles’ contra el narcotráfico, especialmente en el combate al fentanilo y los cárteles.
El funcionario yanqui ha mantenido una postura de alta confrontación y de presión extrema hacia el régimen de Claudia Sheinbaum Pardo –desde febrero del 2025–, principalmente enfocada a los temas de seguridad y del narcotráfico, amenazando sobre posibles acciones militares unilaterales de Estados Unidos dentro de territorio mexicano.
De ahí que ese nuevo amago no deba pasarse por alto, pues atenta al respeto de nuestra soberanía y confirma la política injerencista de Trump y colaboradores en temas que sólo atañe resolver al Gobierno mexicano y a sus fuerzas armadas.
Lo que Donald y Pete Brian no dicen, es que su gobierno no ofrece en ‘su guerra’ contra el crimen organizado resultados tangibles para frenar las actividades de las mafias que operan allende el río bravo; y son quienes se ocupan de facilitar a los grupos delincuenciales el trasiego de drogas.
Así que la impertinencia que Trump asoma al calificar la lucha contra el narcotráfico en México, merece el rechazo y la desaprobación unánime de nuestro pueblo.
Sobre todo, porque el presidente de la Unión Americana no es capaz de negar que el origen del narcotráfico, a nivel mundial, se encuentra en la enorme demanda de estupefacientes de la sociedad estadounidense.
Sin embargo, el precio y las consecuencias de esa ley del mercado y su solución pretenden endosárnosla, de manera injusta y prepotente, con su correspondiente costo en materia de seguridad pública, criminalidad, violencia y hasta desprestigio.
Es además totalmente injusto identificar con las instituciones de gobierno a los funcionarios policiacos que de manera individual sucumben ante la tentación de ganancias fáciles provenientes del narcotráfico.
En México, la Federación, junto con los estados que la integran, se han convertido en el ‘pararrayos’ que evita una mayor oferta de drogas para el ávido mercado norteamericano.
Véanse si no las estadísticas sobre los cientos de toneladas de enervantes decomisados, destruidos e incinerados en los últimos años.
Pero de manera dolosa, Trump ha encontrado, en las acusaciones sin fundamento, un rico filón para presionar a nuestro país con el fin de que en su segundo régimen presidencial someta su soberanía a los dictados de la Administration de Control de Drogas, la Central de Inteligencia Americana y la Oficina Federal de Investigación –DEA, CIA y FBI, por sus siglas en inglés–, aunque haya quienes sugieran que tan sólo se trata de un intento por crear una policía binacional.
Sólo que en esta ocasión es necesario advertirle a Trump, de cara al mundo entero, que cuando Estados Unidos tenga menos viciosos en su territorio, menos será también el tráfico de enervantes, pues demostrado está que por la incesante demanda todos los delincuentes quieren utilizar nuestro suelo para satisfacer la glotonería yanqui.
Código desfasado
En éste su segundo período ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional, la LXVI Legislatura del Congreso local podría por fin atender una demanda prioritaria del pueblo tamaulipeco, si acaso los 36 diputados decidieran dar paso a la discusión de reformas al Código Penal.
De esta forma se atendería uno de los reclamos más urgentes de la sociedad en su conjunto, pues el castigo a la delincuencia se ha convertido en una prioridad si acaso el objetivo es aminorar la inseguridad pública.
Con las modificaciones jurídicas, la nueva reglamentación podría facultar a los jueces a utilizar criterios propios para evaluar las circunstancias en que fueron cometidos los delitos, y al mismo tiempo determinar la peligrosidad de los responsables, para que éstos no muy fácilmente ganaran nuevamente la calle para volver delinquir.
La esperada reforma es urgente, también, porque hay que detener la ola criminal que se extiende por los 43 municipios del estado; y porque no hay rincón donde todo tipo de hampones no haya sentado sus reales, aunque la estadística delictiva haya disminuido en los últimos años.
Aunado a ello, en una malentendida defensa de los derechos humanos, diversas organizaciones no gubernamentales han logrado que consumados delincuentes, poco después de ser encarcelados, alcancen nuevamente su liberación para seguir trasgrediendo la ley, agredir y causar daño y dolor a sus semejantes.
De ahí la importancia de reformar el Código Penal.
Y de ahí, también, la razón para que haya mayor rigidez en el otorgamiento de beneficios penales, pues estos sólo deben brindársele a quienes muestren ausencia o nula criminalidad.
Esperemos.
Correo: [email protected]
