Por René Martínez Bravo
El huachicol fiscal se ha convertido, más que en un tema de investigación seria, en un arma política de uso cotidiano. Una etiqueta que se lanza, se repite y se amplifica. ¿Pero con qué sustento? ¿Con qué pruebas? ¿O basta con instalar la sospecha para sembrar la duda y erosionar reputaciones?
En el escenario nacional, la oposición ha encontrado en este concepto un recurso rentable: atacar, injuriar, denostar… y hasta denunciar mediáticamente a cuanto adversario se atraviese. Pero cuando aterrizamos el tema en Tamaulipas, la narrativa adquiere matices aún más delicados.
Aquí, los señalamientos han sido insistentes, casi sistemáticos. Nombres como el del senador José Ramón Gómez Leal, la senadora Olga Sosa Ruiz, el alcalde Erasmo González Robledo, e incluso el gobernador Américo Villarreal Anaya, han sido colocados en el centro del huracán… sin que, hasta ahora, se hayan presentado pruebas contundentes que respalden tales filtraciones.
Y mientras se insiste en esa narrativa, se omite —convenientemente— un dato incómodo: el llamado “Rey del huachicol”, Sergio Carmona, antes de ser vinculado con figuras de Morena, fue contratista favorecido durante el gobierno panista de Francisco Javier Cabeza de Vaca. Existen registros de contratos millonarios otorgados a sus empresas. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O una historia que algunos prefieren no recordar?
Más aún, se ha dicho —y aquí sí con señalamientos más documentados— que esos contratos habrían sido parte de una relación de favores por financiamiento político. Es decir, exactamente aquello de lo que hoy se acusa a otros. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿estamos frente a un combate real contra la corrupción, o simplemente ante un reacomodo de culpas según convenga al momento político?
Pero si lo anterior ya es grave, lo que sorprende —y preocupa— es cuando el “fuego amigo” aparece. El diputado federal del Partido Verde, Mario López Hernández, conocido como “La Borrega”, ha sido señalado por la difusión de un audio en el que, tras deslindarse, apunta directamente contra varios actores políticos de Tamaulipas en este mismo tema.
¿Ligereza? ¿Cálculo político? ¿Descuido? ¿O estrategia?
El audio, presuntamente derivado de una entrevista con Carlos Loret de Mola, ha encendido las alarmas. Porque no es menor acusar sin pruebas en un contexto donde la percepción puede ser tan dañina como la propia evidencia.
Aquí vale detenerse: en cualquier democracia funcional, la carga de la prueba recae en quien acusa. No en quien es señalado. Entonces, ¿con qué elementos cuenta Mario López para sostener lo que dice? ¿Está dispuesto a llevar sus dichos más allá del terreno mediático? ¿O quedará todo en el ruido de redes sociales?
El contexto tampoco es casual. La reciente llegada de Ariadna Montiel a la presidencia de Morena vino acompañada de un discurso claro: no habrá cabida para perfiles manchados, para candidatos bajo sospecha. Entonces, la duda surge con naturalidad: ¿se está intentando descarrilar aspiraciones internas? ¿Se busca debilitar posibles contendientes dentro del propio movimiento?
Porque en política, las coincidencias rara vez son inocentes.
Y más aún: ¿qué pasará si mañana se pone en duda la autenticidad de ese audio? ¿Se hablará de manipulación? ¿De inteligencia artificial? No sería la primera vez que un escándalo se diluye bajo ese argumento. Ahí está el antecedente del propio Loret montajes y sus polémicas mediáticas.
Al final, lo verdaderamente preocupante no es solo quién acusa o a quién se acusa. Lo crítico es la normalización de la sospecha sin prueba. La ligereza del señalamiento. La estrategia del desgaste.
Porque si todo es huachicol… entonces nada lo es realmente.
Y en medio de ese ruido, la verdad —la que debería importar— sigue sin aparecer.
Hasta la próxima
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