Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

Se supone que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) es una importante fuente de ingresos para las localidades que registren alta marginación, pero el Gobierno Federal, hasta donde sé, ha retrasado la entrega de los recursos y, lo que es peor, hay la amenaza de recortarlos en perjuicio de miles de pobladores que por ley (y/o justicia social) deben ser beneficiados.

Sobre todo, cuando los municipios contemplados en el programa son altamente vulnerables ante las inclemencias del tiempo y hay muchos en donde la pobreza se acentúa ante la falta de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; urbanización municipal, electrificación rural y en las colonias pobres; infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.

Acudo a las asignaturas porque son las que contempla el FAISMUN y las que precisamente más desatiende la Federación… salvo cuando hay elecciones en puerta.

Como ahora.

En el caso concreto de Tamaulipas, reiteradamente se les ha negado esa participación a los municipios con alta marginación –y que, por cierto, aparecen en el padrón oficial de localidades candidatas a la ayuda–, por lo que es necesario insistir en que la conculcación de ese dinero ofende y lastima no sólo a los adultos de la tercera edad, mujeres y niños, sino también a los estudiantes y trabajadores del campo, que cansados ya están de mendigar una ayuda federal que no llega.

Consciente de eso, el gobierno estatal ha dispuesto activar programas estatales compensatorios para ir al rescate de todos y cada uno de los municipios que se han visto afectados por los recortes.

Como ejemplo de la mala aplicación presupuestaria por parte de la Federación, basta recordar que año anterior los recursos recurrentes enviados al estado para el campo fueron del orden de 95 millones 869 mil pesos, mientras que en el ejercicio actual sólo han llegado alrededor de 300 de los mil 591 millones de pesos contemplados.

A eso obedece que cada día el pueblo le crea menos a la Federación.

¿No es cierto

Agresión sistemática

Por salud del propio sistema político mexicano, el Gobierno Federal obligado está a enviar en tiempo y forma a los estados y municipios los miles de millones de pesos que ha retardado en remitir.

Máxime cuando esos recursos los contempla el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2026 –aprobado en su oportunidad por la Cámara de Diputados–, y que para el grueso de los 2 mil 438 ayuntamientos de la República Mexicana significan un importante soporte para enfrentar la crisis económica sin necesidad de recurrir al endeudamiento.

Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) no han dado visos de querer acelerar el suministro; y por el contrario, avivan la crisis provocando incrementos a la canasta básica.

Por si fuera poco, los incrementos a los precios de la leche y combustibles; los abusos en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la despiadada persecución que contra los empresarios realizan el Sistema Tributario, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit, cuando menos, animan el descontento hacia el Gobierno Federal, cuyos jerarcas torpemente siguen agrediendo a los contribuyentes como si ello resarciera el repudio en su contra.

Lo peor del caso es que hay dos rumores que empiezan a cobrar fuerza –sobre todo cuando se dice que cuando el río suena, es que agua lleva–, refiriendo la posibilidad de que el secretario de Hacienda sea sacrificado como chivo expiatorio y el Gobierno Federal disponga de los recursos de los trabajadores que tanto han ahorrado para su retiro, para otra vez destinarlos a disfrazar la creciente inflacionaria.

Esto significa que la Federación pudiera dejar con un palmo de narices a quienes reclaman los recursos que, a su libre arbitrio, dispuso no les fueran entregados en clara violación jurídica, sólo para refrendar que quien manda en México es el Gobierno Federal.

La elucubración no es descabellada –como podría suponerse–, y menos cuando hay voces autorizadas que a la presidenta le recomiendan evitar encuentros con los gobernadores, disque para (así) evitar mayor presión por parte de éstos y los presidentes municipales, en cuanto a la entrega en tiempo y forma de esas aportaciones.

De cualquier forma, unos y otros –los mandatarios de las entidades federativas y los ediles–, en un justo reclamo, piden que la Federación les envíe el dinero de las aportaciones a que tienen derecho.

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