Con Nombre y Apellido | por Julio Loya

En tiempos donde la libertad de expresión enfrenta desafíos constantes —muchas veces sutiles, otras abiertamente frontales—, resulta inquietante que desde el propio gremio periodístico surjan propuestas que, lejos de fortalecerla, parecen encaminarse hacia su restricción.
La reciente iniciativa para la creación de un “Colegio de Periodistas de Tamaulipas”, impulsada por un reducido grupo de comunicadores y entregada a la diputada Cynthia Jaime Castillo, ha encendido alertas legítimas dentro del gremio. No por la idea de organización profesional —que en sí misma no es negativa—, sino por el enfoque y las atribuciones que se pretenden otorgar a dicho organismo.
El periodismo, por naturaleza, no admite moldes rígidos ni controles institucionales que condicionen su ejercicio. Pretender establecer un ente con facultades para recibir quejas contra periodistas, emitir “recomendaciones éticas” y, peor aún, aplicar “extrañamientos” públicos, abre la puerta a mecanismos de presión que pueden derivar en censura indirecta.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿quién vigila a los vigilantes?
Porque aunque se pretenda revestir la propuesta de un carácter ético o de autorregulación, la realidad es que, al involucrar al Estado como eventual regulador o legitimador de este organismo, se rompe el principio esencial de independencia. El periodismo no puede ni debe estar sujeto a estructuras que, de una u otra forma, terminen respondiendo al poder político.
Más grave aún es la forma en que surge esta iniciativa. Un grupo reducido —15 o 20 periodistas, principalmente del sur del estado— decide elaborar una propuesta que impactaría a todo el gremio tamaulipeco, sin una consulta amplia, sin consenso, sin debate público previo. Es, en el mejor de los casos, una omisión preocupante; en el peor, una imposición disfrazada de profesionalización.
El argumento de fondo que sostiene la iniciativa tampoco pasa desapercibido: la queja por la “competencia desleal” y las dificultades para acceder a convenios de publicidad gubernamental. Es aquí donde el debate adquiere un matiz distinto.
Porque si el verdadero problema es económico —la reducción de convenios, la tabulación de tarifas, la precarización del ingreso—, entonces la solución no puede ser la regulación del ejercicio periodístico ni la creación de órganos con capacidad de sanción moral. Confundir la defensa de condiciones laborales con la regulación de contenidos es un error que puede tener consecuencias graves.
Desde la llegada del proyecto político conocido como la Cuarta Transformación, los esquemas de publicidad oficial cambiaron de manera radical. Se redujeron montos, se ajustaron criterios y, en muchos casos, se afectó la estabilidad financiera de medios y periodistas. Esa es una realidad que merece discutirse con seriedad.
Pero intentar resolverla mediante la creación de un “colegio” con facultades de exhibición pública no solo es desproporcionado, sino peligroso.
El periodismo ya cuenta con su principal mecanismo de regulación: la credibilidad. Un periodista que falta a la ética pierde lo único que realmente sostiene su trabajo: la confianza del público. No necesita de “extrañamientos” institucionales ni de tribunales morales avalados por el poder.
Además, la historia reciente en México ha demostrado que cualquier intento —por más bien intencionado que parezca— de acercar al Estado a la regulación del contenido informativo termina siendo utilizado como herramienta de control.
Por ello, si un grupo de comunicadores desea organizarse bajo sus propias reglas, está en su derecho. Puede constituir asociaciones, colegios o cualquier figura que considere pertinente. Pero lo que no resulta aceptable es pretender arrastrar a todo un gremio hacia un esquema que no ha sido consultado ni consensuado, y que además implica riesgos evidentes para la libertad de expresión.
La defensa del periodismo no pasa por su regulación desde el poder, sino por su fortalecimiento desde la independencia.
Y en ese terreno, cualquier paso en falso puede salir demasiado caro.