Por René Martínez Bravo
Hay señales que no admiten matices. Cuando el poder intenta regular quién puede preguntar, quién puede escribir y, peor aún, quién tiene derecho a incomodar, no estamos ante un debate técnico: estamos frente a un impulso autoritario.
Resulta inaceptable que desde el Congreso de Tamaulipas se impulse una iniciativa que, bajo el disfraz de “ordenar” el ejercicio periodístico, pretenda en realidad domesticarlo. Más grave aún, que dicha propuesta venga de la diputada Cynthia Jaimes, alguien que conoció desde dentro el oficio de informar. Hoy, en un giro difícil de justificar, promueve un esquema que traiciona los principios básicos del periodismo: libertad, independencia y espíritu crítico.
No es nuevo que a ciertos políticos les incomode la prensa. Les irrita la pregunta incómoda, les molesta la insistencia, les ofende la rendición de cuentas. En su lógica, el periodista no es un contrapeso democrático, sino un intruso. Y cuando esa visión se traduce en ley, el riesgo deja de ser retórico.
La propuesta de crear un supuesto “Colegio de Periodistas” bajo tutela gubernamental, con facultades para decidir quién puede o no ejercer, no es otra cosa que un intento de control. Un padrón, un filtro, una puerta de acceso que, casualmente, quedaría en manos del poder político. ¿El resultado? Un periodismo condicionado, vigilado y eventualmente silenciado.
Se argumentará —como siempre— que la medida busca frenar la desinformación, las páginas apócrifas, la difamación. Y es cierto: ese es un problema real. Pero pretender resolverlo limitando la libertad de expresión es como apagar un incendio con gasolina. El remedio no solo es desproporcionado, es peligroso.
Porque el periodismo no es una concesión del Estado. No es un privilegio que otorga el poder en turno. Es un derecho inherente a la sociedad, una herramienta de vigilancia ciudadana y un pilar de cualquier democracia funcional. Exigir títulos, registros o autorizaciones para ejercerlo abre la puerta a la censura disfrazada de legalidad.
Además, hay una contradicción evidente: muchos de los actores políticos que hoy buscan “regular” el discurso público han sido —o son— beneficiarios de la desinformación que dicen combatir. Las mismas redes que hoy critican han sido utilizadas para golpear adversarios, sembrar dudas o manipular narrativas. Pretender ahora erigirse como árbitros de la verdad no solo es hipócrita, es alarmante.
El problema de fondo no es el exceso de libertad, sino la falta de tolerancia al escrutinio. No quieren periodistas incómodos; quieren voceros dóciles. No buscan orden; buscan control.
Y ahí es donde la sociedad debe trazar una línea clara.
Porque hoy es el periodista el que podría ser censurado. Mañana, será cualquier ciudadano que opine, critique o cuestione. La libertad de expresión no se fragmenta: o se defiende completa, o se pierde por partes.
El solo intento de legislar en ese sentido ya es una ofensa. Una señal preocupante de que algunos en el poder no han entendido —o no quieren entender— que en democracia, gobernar implica rendir cuentas. Y que el periodismo libre no es un enemigo a vencer, sino una garantía que proteger.
Si esta iniciativa prospera, no será un avance institucional: será un retroceso histórico.
Y ese, sin duda, sí sería noticia.
Hasta la próxima
