Por Julio Manuel Loya Guzmán.
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante la crisis de desapariciones, la diputada local Ma. del Rosario González Flores presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para exhortar al Gobierno federal a aceptar la asistencia internacional de la ONU en la búsqueda de personas desaparecidas, particularmente en Reynosa.
Desde tribuna, la legisladora del Partido Acción Nacional planteó que el Estado mexicano debe reconsiderar su postura frente a las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al advertir que la magnitud del problema rebasa las capacidades institucionales actuales.
“La crisis de desaparecidos no admite evasivas ni posturas políticas. Más de 130 mil familias en el país enfrentan la ausencia de un ser querido”, señaló.
González Flores subrayó que, aunque en Tamaulipas se han impulsado reformas legales en materia de desaparición forzada, los avances normativos no han sido suficientes para frenar la impunidad, que —dijo— alcanza niveles de hasta 99% en los casos.
La legisladora también cuestionó la postura oficial de desestimar diagnósticos internacionales, al considerar que los informes de organismos como la ONU no constituyen injerencia extranjera, sino mecanismos de rendición de cuentas asumidos por el propio Estado mexicano.
En su exposición, advirtió sobre la persistencia de hallazgos de fosas clandestinas, como el reciente caso en el fraccionamiento Puerta Sur de Reynosa, localizado por colectivos de familiares, y no por autoridades.
Asimismo, criticó la disparidad en las cifras oficiales sobre personas desaparecidas, al señalar que no se puede minimizar la problemática reduciendo los registros a 43 mil casos, cuando estimaciones independientes reportan cifras considerablemente mayores.
“La ayuda internacional no es una condena, es una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado y recuperar la confianza en las instituciones”, sostuvo.
La iniciativa propone un punto de acuerdo para que la Legislatura 66 exhorte respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo federal a aceptar la cooperación técnica y financiera ofrecida por la ONU, con el fin de reforzar las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. El documento fue turnado para su análisis en comisiones.
