La diputada local Silvia Isabel Chávez Garay debe ahora comprobar sus acusaciones en contra de líderes campesinos y de transportistas, quien según la representante popular del XIII distrito electoral con cabecera en San Fernando, reciben “sus mesadas” por organizar protestas en contra de las políticas agropecuarias del gobierno federal.
La legisladora morenista explicó que el gobierno federal ha destinado 3 mil 412 millones de pesos para compensar el precio de los granos, cuyo apoyo beneficio a más de 40 mil productores de todo el país, pero resulta que estos incentivos no llegan a los campesinos que se han sumado a las protestas que se registraron ayer en varios tramos carreteros.
Sin decir nombres, ni mucho menos presentar pruebas de sus temerarias acusaciones, Chávez Garay podría enfrentar una demanda penal por declarar que los líderes de campesinos y de transportistas son sobornados para encabezar las protestas que se registraron ayer en Tamaulipas, como fue el bloqueo carretero que se registró en el km. 201 de la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del sitio conocido como la “Y Griega”.
Y es que las negociaciones tienen más de un año sin concretarse alguna solución en la Secretaría de Gobernación (Segob), que encabeza Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien no ha tenido la capacidad de solucionar este conflicto, ni tampoco otros que han provocado una creciente desestabilización social en el país.
A propósito, se habla de que pronto la potosina Rodríguez Velázquez podría dejar el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la posibilidad de que sea la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí.
En un reciente estudio, Morena encabeza las preferencias electorales de la ciudadanía potosina para la elección del 2027, sin embargo, la señora Rodríguez Velázquez quedó en el último lugar de los aspirantes a la nominación morenista, por lo que resulta difícil que sea nominada, tal y como se rumora.
De regreso con el tema las acusaciones temerarias de la diputada local Chávez Garay, no dijo nada acerca del número de asaltos que se registran en las carreteras federales, como una denunciado los líderes de los transportistas.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que durante el periodo vacacional de semana santa se reportaron hasta 25 robos diarios en diversas carreteras federales.
Las cifras indican también que los delitos se concentran en tramos carreteros de mayor afluencia del transporte de carga, como es el caso de la carretera México-Puebla-Veracruz, la carretera México-Querétaro y el corredor industrial de El Bajío.
Por otra parte, pero sin dejar las controvertidas declaraciones de las legisladoras locales de Morena, resulta que la diputada Lucero Deosdady Martínez López criticó abiertamente la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de prohibir la participación de los atletas trans en pruebas femeninas a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad del Congreso Local aseveró que esta decisión representa un retroceso en materia de derechos humanos, sin tomar en cuenta que los homosexuales por más operaciones que se hagan para tratar de convertirse en mujeres, conservan sus capacidades físicas.
No toma en cuenta que las competencias deportistas deben de ser equitativas, por lo que la inclusión, que ella señala como argumento en contra del COI, se puede considerar como una competencia desleal.
Y no digo que los hombres sean superiores en el ámbito deportivo ni en ningún otro que las mujeres, pero las competencias deben ser por sexo para que sean equitativas en lugar de permitir la participación de las mujeres trans en contra de mujeres.
Por último, ayer corrió muy fuerte el rumor en redes sociales que el empresario Alfonso Romo Garza fue detenido en Estados Unidos, incluso que había solicitado ser testigo protegido para hablar largo y tendido de su papel como Jefe de la Oficina de la Presidencia durante la gestión de López Obrador, sobre todo porque la Casa de Bolsa Vector, de su propiedad, está involucrada en lavado de dinero de las organizaciones criminales del país.
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