CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
A propósito del rechazo a la revocación de mandato dentro del Plan B aprobado en el Senado de la República, cabe hacer algunas precisiones que resultan no solo pertinentes, sino urgentes.
Lo ocurrido en la Cámara Alta del Congreso de la Unión no es un asunto menor ni un simple ajuste legislativo.
Es, en realidad, un episodio que desnuda la forma en que el poder político intenta moldear las reglas del juego a su conveniencia.
La revocación de mandato nació como una promesa de empoderamiento ciudadano.
Como una herramienta para que la sociedad pudiera corregir el rumbo cuando un gobierno pierde legitimidad. Cuando la presidenta o presidente de la República no está haciendo las cosas bien. Cuando la sociedad ve un riesgo en su continuidad en el cargo.
Sin embargo, en la práctica mexicana es figura comienza a transitar por una ruta peligrosa.
Una ruta donde el interés democrático es desplazado por la utilidad electoral.
Porque conviene decirlo con claridad: no existe hoy una demanda social que exija la revocación del mandato presidencial.
No hay movilización ciudadana.
No hay reclamo colectivo.
No hay crisis de legitimidad.
Por el contrario, las propias cifras del gobierno y del partido en el poder ubican la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum en niveles cercanos al 70 u 80 por ciento.
En ese escenario, promover un ejercicio de revocación resulta, por decir lo menos, contradictorio.
Porque la lógica de la figura es sencilla.
Se activa cuando hay descontento.
Cuando el vínculo entre gobernante y gobernados se rompe.
No cuando el poder goza de respaldo amplio.
De ahí que la fallida intención de empatar la revocación con la elección de 2027 no pueda leerse con ingenuidad.
Colocar a la presidenta en la boleta habría significado, en los hechos, colocar su capital político en juego.
Y no para ser evaluado. Sino para ser aprovechado por el partido en el poder.
Se trataba de una estrategia de arrastre electoral.
De un intento por trasladar popularidad a candidaturas del partido en el poder.
De inclinar la contienda sin necesidad de decirlo abiertamente.
Eso no es participación ciudadana.
Eso es cálculo político.
Y es, además, una distorsión grave del espíritu democrático.
Porque la revocación de mandato no es propaganda.
No es campaña.
No es un instrumento para fortalecer estructuras partidistas.
Es —o debería ser— un mecanismo excepcional de control ciudadano.
Forzarlo sin causa legítima equivale a vaciarlo de contenido.
A convertirlo en una simulación.
Y a degradar su esencia.
Hay otro elemento que no puede soslayarse.
Un ejercicio de esta naturaleza implica costos.
Movilización institucional.
Recursos públicos.
Es decir, dinero de todos.
Destinar esos recursos a un proceso sin justificación social es, simple y llanamente, irresponsable.
Más aún en un país con múltiples carencias.
El problema de fondo es todavía más delicado.
Cuando las herramientas democráticas se manipulan con fines partidistas, la confianza ciudadana se erosiona.
Se instala la sospecha.
Se normaliza la simulación.
Y se debilita la credibilidad del sistema.
Hoy se intentó con la revocación.
Mañana puede ser cualquier otro mecanismo.
Por eso lo ocurrido en el Senado no debe verse como un simple episodio legislativo.
Debe asumirse como una advertencia.
La democracia no se fortalece con atajos.
Ni con maniobras.
Ni con ventajas disfrazadas.
Se fortalece con congruencia.
Con respeto a las reglas.
Y con honestidad política.
La revocación de mandato no necesita protagonismo artificial.
Necesita ser utilizada cuando verdaderamente haga falta.
Ni antes. Ni después. Ni al servicio de nadie.
EL RESTO.
URGENCIA EN MADERO.-Ahora que la figura de la revocación de mandato ha vuelto al escaparate público, no estaría nada mal que el Congreso local se tome en serio la tarea de incorporarla a la Constitución de Tamaulipas como un mecanismo obligatorio, particularmente para los alcaldes.
Más allá del discurso, se trata de dotar a los ciudadanos de una herramienta real para evaluar —y en su caso corregir— el rumbo de gobiernos municipales que, a mitad del camino, ya han perdido la confianza social. La democracia no puede agotarse en el día de la elección; necesita válvulas de ajuste cuando el poder se ejerce mal o simplemente no responde.
El caso del municipio de Madero es ilustrativo. La inconformidad ciudadana ha crecido frente a una administración que no ha estado a la altura de las expectativas, encabezada por Erasmo González Robledo, sobre todo si se le compara con el precedente inmediato de Adrián Oseguera Kernion, que dejó una vara considerablemente alta en materia de gestión y resultados.
En contextos así, la revocación de mandato no solo sería pertinente, sino necesaria: permitiría a los ciudadanos no resignarse a gobiernos fallidos durante tres años completos y, en cambio, ejercer un control democrático efectivo que obligue a las autoridades a gobernar con responsabilidad o enfrentar las consecuencias.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
