Dr. Jorge Alfredo Lera Mejía
Investigador asociado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Profesor invitado por la Universidad Anáhuac Querétaro.

Contexto y diagnóstico

La migración mexicana contemporánea atraviesa un momento de redefinición histórica. Desde la adopción de políticas restrictivas en Estados Unidos durante los años recientes —conocidas por su enfoque de “frontera sellada” y el despliegue intensivo de ICE en operativos de deportación— se ha configurado un escenario de “migración neta cero”. Esto significa que el número de mexicanos que regresan o son deportados es casi equivalente al de quienes logran ingresar o permanecer de forma indocumentada.

Sin embargo, más allá de esa aparente estabilidad cuantitativa, las implicaciones humanas, laborales y económicas son profundas. Miles de migrantes enfrentan un cierre de vías regulares de entrada, mientras que otros más quedan varados en territorio mexicano —ya sea como connacionales retornados o como migrantes en tránsito desde Centro y Sudamérica— en condiciones de alta vulnerabilidad. Ante esta crisis estructural, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) se encuentra desbordada: el incremento sostenido de solicitudes de asilo supera ampliamente su capacidad operativa, administrativa y presupuestal.

Simultáneamente, la inseguridad en vastas regiones del país ha generado un fenómeno interno de desplazamiento forzado que carece de registro y atención institucional suficientes. Miles de familias huyen de violencia organizada, conflictos territoriales o ambientales sin reconocimiento legal bajo ninguna figura de protección, lo que plantea una deuda pendiente en materia de derechos humanos y gobernanza interna de la movilidad.

Desafíos principales

1. Falta de articulación entre política migratoria y política laboral. México sigue enfocando la migración casi exclusivamente desde la óptica de la seguridad y el control fronterizo, sin integrar de forma sistémica políticas de movilidad laboral y programas de empleo temporal regulado.
2. Saturación institucional. COMAR, INM y Sectores de Gobernación carecen del personal técnico y del presupuesto necesarios para procesar el volumen actual de solicitudes, lo cual deriva en demoras, precariedad jurídica y desprotección social.
3. Desplazamiento interno no reconocido. La Ley de Migración actual no contempla mecanismos específicos para atender a los desplazados por violencia o desastres naturales dentro del país.
4. Vulnerabilidad económica por la caída de remesas. La reducción de envíos desde Estados Unidos —debido a deportaciones, pérdida de empleos y endurecimiento de controles— afecta la economía de comunidades dependientes de estos flujos compensatorios.

Propuestas estratégicas

1. Reforma integral de la Ley de Migración

Incorporar un enfoque de movilidad humana integral, que reconozca la diversidad de causas migratorias: laborales, humanitarias, ambientales y de seguridad. Ello implica dotar de instrumentos jurídicos diferenciados para migrantes, solicitantes de asilo, desplazados internos y repatriados.

2. Fortalecimiento institucional y presupuestal de la COMAR

Garantizar su naturaleza autónoma y su presencia descentralizada en todo el país, priorizando zonas fronterizas y corredores migratorios del sureste (Tapachula, Tenosique, Coatzacoalcos). Deberá incluir mecanismos de coordinación interinstitucional con el INM, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Cancillería.

3. Programas de movilidad laboral temporal con Norteamérica

Promover de manera bilateral con Estados Unidos y Canadá esquemas de visas temporales de empleo agrícola, industrial y de servicios, que permitan sustituir la migración irregular por canales legales y verificables. Este modelo, inspirado en los antiguos programas Bracero y en el acuerdo de movilidad laboral del TMEC, podría regular la caída de remesas mediante flujos compensatorios de ingresos formales y asegurados.

4. Reconocimiento jurídico del desplazamiento interno

Incluir dentro de la Ley de Migración y la Ley General de Población un título específico sobre Personas Desplazadas Internas por Violencia o Desastres, que articule políticas de registro, atención humanitaria, reubicación segura y reintegración productiva en coordinación con gobiernos estatales y municipales.

5. Modernización del Instituto Nacional de Migración

Redefinir su mandato institucional para priorizar la gestión humanitaria sobre el enfoque de control. Es indispensable profesionalizar al cuerpo migratorio, establecer unidades de derechos humanos y crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas ante organismos civiles y académicos.

6. Incentivos a la inversión en comunidades de origen migrante

Establecer fondos de coinversión público-privada con recursos de remesas y programas federales, destinados a proyectos productivos locales, educación técnica y creación de empleo rural, particularmente en los estados expulsivos del sur y occidente del país.

Consideraciones finales

México se encuentra en la antesala de una transformación demográfica y económica que exige una política migratoria humanista, ordenada y corresponsable. No basta con reformar procedimientos administrativos o crear nuevos visados; es necesario redefinir la concepción misma del Estado frente a la movilidad.

En un mundo interdependiente, la migración ya no puede entenderse como un fenómeno excepcional o de emergencia, sino como una expresión estructural del desarrollo desigual y de la globalización laboral. Por ello, la nueva Ley de Migración debe garantizar derechos sin criminalizar la movilidad, promover oportunidades económicas legítimas, y consolidar a México no sólo como país de origen o tránsito, sino también como destino con capacidad de inclusión y gobernanza.

Esta revisión legislativa, si se apoya en la evidencia académica y la coordinación interinstitucional, puede inaugurar una etapa de política migratoria moderna, transparente y alineada con los compromisos internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible.