Enfoque Sociopolítico |

Por Agustin Peña Cruz*
La historia política de América Latina ha demostrado, en múltiples ocasiones, que el
desarrollo económico y la estabilidad social no dependen exclusivamente de los recursos
naturales, de la ubicación geográfica o incluso del tamaño del mercado interno de un país.
En buena medida, el verdadero motor del progreso se encuentra en la calidad ética de sus
instituciones públicas. Cuando un gobierno reduce la corrupción y administra con
honestidad los recursos públicos, el impacto puede transformar radicalmente la realidad
social de una nación. El ejemplo más claro y vigente que suele citarse con mayor frecuencia
en los debates públicos es el caso de El Salvador, un país que durante décadas fue
sinónimo de violencia estructural, crisis institucional y migración forzada, pero que en los
últimos años ha experimentado un giro político que ha modificado la percepción
internacional sobre su seguridad y gobernabilidad.
El fenómeno salvadoreño ha generado un intenso debate en el ámbito político y académico.
Por un lado, hay quienes sostienen que el gobierno de Nayib Bukele ha logrado recuperar el
control del Estado frente a las estructuras criminales que durante décadas dominaron
barrios enteros y condicionaron la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Por otro lado,
diversos organismos internacionales han advertido que algunas de las medidas adoptadas
por ese gobierno podrían implicar tensiones con el sistema internacional de derechos
humanos. Este debate es particularmente relevante cuando se observa desde la
perspectiva mexicana, donde la discusión sobre seguridad, corrupción y abuso de poder
sigue siendo una de las preocupaciones centrales de la vida pública.
Desde la sociología jurídica, autores como Max Weber han sostenido que el Estado
moderno se legitima cuando monopoliza el uso legítimo de la fuerza y cuando sus
instituciones operan bajo principios racionales de legalidad. Cuando esa legalidad se
erosiona por prácticas sistemáticas de corrupción o por el uso arbitrario del poder, el
resultado es una crisis de legitimidad institucional. México ha enfrentado ese dilema durante
décadas. El país cuenta con una arquitectura constitucional robusta, con un amplio catálogo
de derechos humanos incorporado a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del
2011 y con una red de tratados internacionales que obligan al Estado a respetar estándares
democráticos. Sin embargo, la distancia entre la norma jurídica y la práctica institucional
sigue siendo uno de los mayores retos del sistema político mexicano.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su
artículo primero que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Este precepto debe respetarse y no quedar
en el discurso público. Representa la base de un modelo constitucional que busca limitar el
poder público mediante la ley y garantizar que los derechos fundamentales sean el eje de la
actuación gubernamental. Sin embargo, cuando los servidores públicos desconocen la ley,

o peor aún, la utilizan como instrumento de intimidación política, el resultado es una
distorsión profunda del Estado de derecho.

LA CONFIGURACIÓN ERRÓNEA DEL DELITO PARA INHIBIR A LA PRENSA
En los últimos años se ha observado un fenómeno preocupante en distintos ámbitos del
gobierno mexicano: el uso de mecanismos legales para inhibir la crítica pública. En teoría, el
sistema jurídico contempla figuras como el acoso, la violencia de género o el acecho para
proteger a las personas frente a conductas que vulneran su integridad. Estas figuras son
indispensables en un Estado democrático que busca erradicar la violencia estructural. No
obstante, cuando tales instrumentos se utilizan para intentar silenciar la labor periodística o
la crítica ciudadana, se produce una desviación de poder que erosiona la confianza en las
instituciones.
El periodismo, en cualquier democracia, cumple una función esencial de vigilancia pública.
La libertad de expresión y el derecho a la información no son privilegios corporativos de los
medios de comunicación, sino derechos fundamentales consagrados tanto en la
Constitución mexicana como en tratados internacionales como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que
la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de las sociedades
democráticas. Sin ella, la posibilidad de fiscalizar a los gobiernos se reduce drásticamente.
Cuando un servidor público reacciona ante una pregunta periodística con denuncias
penales infundadas o con acusaciones que buscan intimidar a quienes ejercen la labor
informativa, se produce una inversión peligrosa de los principios democráticos. El
funcionario deja de actuar como un representante del interés público y comienza a
comportarse como un actor político que busca protegerse de la rendición de cuentas. Este
fenómeno no es exclusivo de México, pero en el contexto nacional adquiere una gravedad
particular debido a los altos niveles de violencia que históricamente han enfrentado los
periodistas.
La sociología del poder desarrollada por Michel Foucault permite comprender este tipo de
dinámicas. El poder no se ejerce únicamente a través de la fuerza física o la coerción
directa; también se manifiesta mediante mecanismos institucionales que disciplinan la
conducta social. Cuando la ley se utiliza de manera selectiva para intimidar o neutralizar la
crítica pública, se convierte en un instrumento de control político más que en una
herramienta de justicia.
En este sentido, el problema de la corrupción adquiere una dimensión estructural. No se
trata únicamente de sobornos o desvíos de recursos, sino de un sistema de relaciones
informales que permite a ciertos grupos acceder al poder público sin contar con la
preparación técnica necesaria para ejercerlo. El nepotismo, el compadrazgo y el tráfico de
influencias han sido históricamente parte de la cultura política mexicana. Estas prácticas
generan administraciones públicas donde la lealtad política pesa más que la capacidad
profesional.

El impacto de esta lógica es visible en la operación cotidiana de muchas instituciones.
Personas que hasta hace poco desempeñaban labores administrativas menores pueden
convertirse repentinamente en funcionarios con amplias facultades de decisión, sin haber
recibido la capacitación jurídica o administrativa necesaria. La consecuencia inevitable es el
ejercicio arbitrario del poder. En lugar de servidores públicos conscientes de sus
obligaciones legales, surgen burócratas que interpretan el cargo como un símbolo de
autoridad personal.
Si se compara esta situación con los cambios que se observan en El Salvador, la discusión
adquiere un matiz interesante. Más allá de las controversias políticas que rodean al
gobierno salvadoreño, una parte significativa de la población percibe que el Estado ha
recuperado la capacidad de gobernar territorios que durante años estuvieron dominados por
estructuras criminales. Esa percepción de control institucional ha tenido efectos tangibles en
la seguridad pública y en la vida económica del país.
Sin embargo, la experiencia salvadoreña también deja incógnitas complejas sobre los
límites entre seguridad y derechos humanos. El reto para cualquier democracia consiste en
encontrar un equilibrio entre la eficacia del Estado y el respeto irrestricto a las garantías
individuales. México, al haber incorporado a su Constitución un amplio sistema de
protección de derechos humanos, está obligado a construir soluciones que no sacrifiquen
los principios democráticos en nombre de la seguridad.
La teoría del control social, desarrollada por sociólogos como Travis Hirschi, sugiere que la
estabilidad de una sociedad depende del grado de compromiso que los individuos
mantienen con sus instituciones. Cuando los ciudadanos perciben que el gobierno actúa
con integridad, aumenta la confianza social y disminuyen las conductas antisociales. Pero
cuando la corrupción y el abuso de poder se vuelven prácticas recurrentes, la legitimidad
institucional se deteriora y las normas sociales pierden fuerza.

MÉXICO FRENTE A LA CORRUPCIÓN
En el caso de nuestro país, la percepción de corrupción ha sido uno de los factores que más
ha afectado la confianza pública en las autoridades. Durante décadas, distintos gobiernos
prometieron erradicar las prácticas del pasado. Sin embargo, cada nuevo ciclo político ha
terminado reproduciendo algunos de los mismos vicios que pretendía combatir. El riesgo de
esta dinámica es que la ciudadanía comience a asumir que la corrupción es un componente
inevitable del sistema político.
El actual escenario político mexicano y con miras a las elección del 2027 enfrenta
precisamente ese reto. El discurso de transformación que impulsó el ascenso de un nuevo
proyecto político al poder prometía romper con las prácticas tradicionales del viejo régimen.
No obstante, los escándalos de corrupción, las acusaciones de vínculos con estructuras
criminales y los conflictos con organismos autónomos han comenzado a generar dudas
sobre la capacidad real de esa transformación para consolidar un nuevo modelo
institucional.

Si la administración pública continúa tolerando el nepotismo, el tráfico de influencias y el uso
arbitrario de las leyes para silenciar críticas, el desgaste político será inevitable. La historia
del sistema político mexicano muestra que los partidos que pierden su legitimidad moral
terminan enfrentando un proceso gradual de debilitamiento electoral y social.
Frente a este panorama, la profesionalización del servicio público se vuelve una necesidad
urgente. Un Estado moderno requiere funcionarios que comprendan la ley, que respeten los
derechos humanos y que entiendan que el poder público no es un privilegio personal, sino
una responsabilidad colectiva. La ética pública no puede depender únicamente de discursos
políticos; debe traducirse en mecanismos institucionales que garanticen transparencia,
rendición de cuentas y capacitación permanente.
Y próximos a las elección del 2027, el futuro democrático de México dependerá de la
capacidad de sus instituciones para recuperar la confianza ciudadana. Esa confianza solo
puede construirse mediante un ejercicio del poder basado en la legalidad, la responsabilidad
social y el respeto irrestricto a la libertad de expresión. La historia demuestra que cuando
los gobiernos comprenden esta premisa, las sociedades encuentran caminos hacia el
desarrollo sostenible. Cuando la ignoran, el resultado inevitable es el deterioro institucional
que tarde o temprano termina alcanzando a quienes lo provocaron.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es [email protected]

• El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones
  industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública,
  Periodista investigador independiente y catedrático.