Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
El financiamiento público para el ejercicio 2026 asignado a los seis partidos políticos con registro oficial, suma 7 mil 368 millones 151 mil 626 pesos, en lo que corresponde a sus actividades ordinarias.
Además, reciben partidas mensuales que totalizan anualmente los 590 millones 141 mil 620 pesos –para otras actividades específicas, franquicias postales, telegráficas y el liderazgo político de las mujeres–, alcanzando en conjunto la estratosférica cantidad de 7 mil 958 millones 293 mil 246 pesos.
Mientras tanto, los ciudadanos de a pie, esos que sólo son tomados en cuenta por los partidos políticos en los procesos electorales cubren algunas compras de alimentos ‘con puntos’ en las tiendas convencionales, o con los recursos que obtienen en las casas de empeño. ¡Vaya, infamia!
Respecto al primer rubro, la repartición del pastel es la siguiente:
+ Movimiento Ciudadano (MC): 1,297 millones 873 mil 517 pesos;
+ Movimiento Regeneración Nacional (morena): 2,615 millones 798 mil 382 pesos;
+ Partido Acción Nacional (PAN): 1,297 millones 873 mil 517 pesos;
+ Partido del Trabajo (PT): 670 millones 613 mil 764 pesos;
+ Partido Revolucionario Institucional (PRI): 982 millones 462 mil 839 pesos; y
+ Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 832 millones 101 mil 904 pesos.
Esta danza de miles de millones obviamente ofende a los más jodidos, que somos un chingo, por lo que considero que la presidenta se vio tibia en su propuesta de reducir solamente un 25 por ciento al financiamiento de los partidos políticos, puesto que todos reciben cuotas de sus militantes; apoyo financiero de grupos o poderes fáticos y, a trasmano, dinero sucio, tal como han señalado abiertamente algunos legisladores en sus reyertas.
Los privilegios económicos en comento, obedecen simple y llanamente al ámbito federal.
Por tanto, si en cuenta tomamos el financiamiento estatal a partidos, la cantidad es mayor, aunque esto es un tema a tratar por separado.
En su iniciativa de reforma electoral Claudia Sheinbaum Pardo plantea (también) reducir en un 25 por ciento el gasto de los procesos electorales y los emolumentos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), al igual que los de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
Obviamente, esa propuesta disgusta a los consejeros nacionales pues su salario bruto mensual es superior a los 260 mil pesos, más prerrogativas de prima vacacional, gastos de alimentación y el seguro de gastos médicos mayores; además de vehículo, gasolina y viáticos, por lo menos.
Por hoy, en cuanto a la iniciativa presidencial de reforma constitucional sólo abordo el tema del financiamiento público a los partidos y, obviamente, el referente al gasto exagerado para desarrollar procesos electorales.
Sobre el reparto, este año, de los 7 mil 958 millones 293 mil 246 pesos a los seis partidos políticos, hay mucho por indagar sobre el gasto.
Sobre todo, porque ningún membrete, de los seis, desarrolla a plenitud sus funciones de promover la participación ciudadana, capacitar cuadros (a fin de reemplazar cacicazgos), tener espacios de representación dignos y/o funcionales en los 300 distritos electorales en que está dividido el país.
Entonces, ¿en qué se invierten las prebendas?
Legalmente el INE está obligado a supervisar el gasto de los partidos y proceder en consecuencia si detecta anomalías. Pero, en la práctica, suele aprobar los informes tal como le llegan, convalidando así el despilfarro.
Y por esa complicidad hay oposición al recorte que entraña la iniciativa presidencial de reforma electoral.
Desobedientes
El llamado del gobernador Américo Villarreal Anaya de no adelantarse a los tiempos, por lo que respecta a la estructura de morena, no ha sido atendida puntualmente, pues asoman personajes que siguen en precampaña abierta con miras al 2027.
Y otros queriendo madrugar rumbo al 2028.
En los municipios con mayor desarrollo e igual en los llamados ‘chicos’ hay evidencias (territoriales y en redes sociales) que así lo confirman, pues los ‘acelerados’ siguen moviéndose cotidianamente ante la pasividad de su dirigente estatal, María Guadalupe Gómez Núñez; como del presidente del Consejo Político, Rómulo Pérez Sánchez.
Y es que los dos carecen de autoridad política, según se observa, para ponerles un ‘hasta aquí’ a tantos morenistas acelerados como Olga Patricia Sosa Ruiz, José Ramón Gómez Leal, José Braña Mojica, Úrsula Patricia Salazar Mojica, Adrián Oseguera Kernion y Humberto Armando Prieto Herrera, entre otros.
Sería lamentable que, de nueva cuenta, sea el doctor quien les exija a ellas, ellos y otros, frenar sus ímpetus.
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