Por: Luis Enrique Arreola Vidal
He sido crítico cuando he considerado que el rumbo institucional se aparta del equilibrio republicano.
No me tiembla la mano para señalar riesgos cuando los veo.
Pero también sé reconocer cuando una iniciativa toca una fibra que durante décadas nadie se atrevió a tocar: el sistema de privilegios electorales que convirtió la representación en negocio.
Y en ese punto, la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum merece una lectura distinta: no desde el miedo, sino desde la historia.
Hay momentos en que una nación debe preguntarse si la arquitectura que diseñó para proteger la democracia terminó secuestrándola.
Las listas plurinominales nacieron con una lógica: garantizar pluralidad tras décadas de hegemonía.
Pero con el paso del tiempo se transformaron en una puerta trasera para el acomodo político.
No para la ciudadanía organizada.
No para las causas sociales auténticas.
Sino para las cúpulas.
¿Pluralidad o blindaje?
Durante años, las listas de representación proporcional fueron el salvavidas de dirigencias que jamás caminaron una colonia popular, que nunca tocaron una puerta, que no hicieron campaña, pero sí levantaron la mano en el Congreso.
La pregunta es legítima: ¿puede llamarse representación a quien nunca pidió el voto?
Eliminar el privilegio automático y obligar a que todos compitan directamente no es autoritarismo. Es devolverle al ciudadano el derecho a decidir quién entra, no solo qué partido gana.
Eso cambia la lógica del poder.
El sistema electoral mexicano es uno de los más costosos del mundo.
El Instituto Nacional Electoral, los organismos locales, el financiamiento ordinario y de campaña a partidos: miles de millones de pesos por proceso.
La propuesta de reducción cercana al 25 % en costos no es un ataque a la democracia; es un ajuste de racionalidad fiscal.
En un país donde hay hospitales que requieren equipamiento y escuelas que necesitan infraestructura, preguntarse si el aparato electoral puede ser más eficiente no es populismo: es responsabilidad presupuestaria.
El derroche no es un derecho constitucional.
La austeridad inteligente tampoco es sinónimo de autoritarismo.
La reforma plantea mayor fiscalización, ajustes a la reelección inmediata en ciertos casos, paridad real, inclusión de la diversidad y modernización tecnológica con controles.
Cuatro ejes claros: eliminar privilegios, reducir gastos, fortalecer la participación popular y robustecer la autoridad electoral sin convertirla en coto de caza de los de siempre.
A quienes gritan “¡dictadura!” desde la comodidad de estructuras financiadas por el propio sistema que hoy se reforma, conviene recordarles algo: la democracia no se defiende conservando prebendas.
Se defiende ampliando la legitimidad.
La pluralidad verdadera no se compra con dinero público; se gana en las urnas, en las calles, con trabajo político real.
Respaldar esta reforma no significa renunciar a la vigilancia crítica.
Significa entender que la República también se fortalece cuando corrige excesos acumulados durante décadas.
Significa aceptar que la democracia mexicana no es un museo intocable, sino una obra en construcción permanente.
Claudia Sheinbaum, al presentar esta iniciativa, no está desmontando la democracia; está abriendo un debate que muchos evitaron por miedo a las cúpulas.
Que tiemblen los que vivían de la lista.
Que compitan los que quieran representar.
Que convenzan los que aspiren a legislar.
Si la democracia es tan sólida como dicen sus defensores tradicionales, no debería temerle al voto directo.
Porque al final, la pregunta no es si se toca un modelo electoral.
La pregunta es si el poder debe seguir repartiéndose en lo oscuro o someterse —sin privilegios— al juicio ciudadano.
Y en esa disyuntiva, yo elijo que decida el pueblo.
