Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
El Estado mexicano —ese leviatán que trasciende presidentes y sexenios— ha convertido la extradición en un bazar de narcos al por mayor.
En menos de un año, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha despachado a 92 criminales de alto impacto a Estados Unidos: paquetes masivos de 29 en febrero de 2025 (con Rafael Caro Quintero, el “narco de narcos” que mató al agente Kiki Camarena), 26 en agosto de 2025 (incluyendo a Servando Gómez “La Tuta”, los hermanos Treviño Morales “Z-40” y “Z-42”, y operadores del CJNG y Sinaloa), y 37 más en enero de 2026 (con figuras como “El Señor de la Silla” Pedro Inzunza y líderes del Cártel del Noreste).
Nombres que durante décadas fueron intocables ahora viajan en aviones militares rumbo a prisiones federales en Nueva York, Houston, San Diego y más.
El Departamento de Justicia de EE.UU. celebra la “cooperación histórica”, la DEA se frota las manos, y México lo vende como “decisión soberana por seguridad nacional”.
Washington promete no pedir pena de muerte —solo cadena perpetua, qué generosos— y a cambio, el fentanilo sigue fluyendo, pero al menos hay fotos de capos encadenados.
¿El precio real de este trueque diplomático?
No aranceles más bajos, no fin al discurso de “bombardear cárteles”, no un muro mágico.
El Estado mexicano solo exige una cabeza.
No la de un capo que mueve toneladas de metanfetaminas o fentanilo que mata a cientos de miles en EE.UU. No la de un sicario con ríos de sangre.
Pide la de “LA VACA” —ese “bandidillo roba coches” (o lo que sea en su expediente real) que cometió el pecado imperdonable: ofender, enfrentar y humillar a un presidente en funciones.
El que, en las cartas de “despido” (o herencia de venganza) que AMLO dejó como testamento político tóxico, es calificado como “muy peligroso para nuestro movimiento”.
No trafica drogas, no lava millones, no ordena masacres… solo osa disentir, cuestionar el relato sagrado de la 4T, o —peor aún— tener pruebas que incomodan el poder eterno.
Sabemos cómo opera el sistema: si no tienes expediente, te lo arman.
Unas denuncias anónimas aquí, un testigo “protegido” allá, fotos borrosas con un auto robado o un tuit “subversivo”, y listo: fundamento legal para hacer contigo lo que el gobierno quiera.
Mientras 92 capos reales —nacionales y extranjeros que operaban en territorio mexicano— van de lote a EE.UU. como moneda de cambio para calmar al Tío Sam y su obsesión con el fentanilo, un solo disidente vale infinitamente más.
Porque los narcos amenazan la seguridad gringa; los críticos amenazan la hegemonía interna del movimiento.
Entregar capos es negocio: rinde aplausos binacionales, fotos de aviones y promesas de “no pena de muerte”.
Entregar una cabeza disidente es personal: mantiene el terror adentro, recuerda que el verdadero crimen no es el narco (que se negocia), sino desafiar al líder supremo.
92 CAPOS POR UNA “LA VACA” DESCORNADA.
En este mercado negro del poder, los monstruos del narco valen por docenas… y las cabezas incómodas, por lealtades eternas y millones de votos. ¿Cuántas más entregaremos antes de que nos pidan la nuestra?
Porque al final, el Estado no combate al narco: lo administra.
Y solo decapita a quien osa morder la mano que lo alimenta.
