La Comuna

José Ángel Solorio Martínez

El ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, violenta la Constitución sin el menor pudor y con la mínima pena. Usa dinero público que está vedado, por estar etiquetado para obras y servicio públicos, en beneficio de un sector que hace siglos fue desprendido del Estado.
Al menos eso es lo que reconoce explícitamente la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya.
Serán 40 millones de pesos los que invertirá la alcaldía, para dar mantenimiento a la Catedral ubicada en contra esquina del palacio municipal.
Orgullosa, petulante, frente al Patronato para la renovación del edificio anunció el hecho como si esa fuera una de sus responsabilidades para las que fue electa.
¿Sabrá la presidenta, que va a patrocinar los bienes de uno de los estados más poderosos del mundo económicamente?
¿Comprenderá Villarreal Anaya que ese hecho vulnera los principios constitucionales del poder público, que debe mantener una saludable distancia con las iglesias?
¿Le alcanzará su entendimiento para dimensionar en el brete que se está metiendo con el Congreso local al presentar la cuenta pública?
¿Cómo justificar esos 40 millones en la cuenta de egresos de este año?
Ya no hay duda: ejerce el presupuesto público como su gasto familiar; no da cuentas a nadie; gasta en lo que quiere; prioriza según sus creencias y cuando se acaba el dinero, pide más.
La autoridad tiene asuntos más urgentes en la tierra, que los demandados por los cristianos. Lo que menos tienen esos representantes del señor, son necesidades económicas: son parte inseparable de nuestras élites desde hace cinco siglos.
Con esa cantidad de dinero, bien podría construir un modesto edificio para el Cbetis, y no forzar a los estudiantes a abandonar el edificio de la preparatoria Francisco Medina; o habilitar un edificio seguro para instalar el Archivo Histórico Municipal, que según denuncias públicas fue instalado en un lugar vulnerable a inundaciones.
Existen documentadamente, más actos de la alcaldesa que muestran su vocación por regalar lo que no es suyo. Entregó un predio para la construcción de un templo protestante, a un sujeto que vive salvando vidas aligerándoles sus dineros.
En una sumatoria a vuelo de pájaro, la jefa edilicia con estos 40 millones, en más de un año de ejercicio administrativo, acumula casi 200 millones de pesos que debieran estar en manos y en el disfrute de la sociedad y no lo están.
Súmele: el regalo al pastor Reyes; el presente a los magnates hoteleros en la Laguna del Carpintero; la donación a los empresarios constructores de vivienda para la instalación de un fraccionamiento; la entrega de la Prepa Medina y ahora la ofrenda generosa, a los potentados sacerdotes y obispos del puerto.
Tanto exceso, en verdad que merece la intervención de Omar García Harfuch y su operativo enjambre.
Antes de que Mónica, acabe con todo el patrimonio de los tampiqueños.