• “No es el sindicato, son los trabajadores… tenemos que asegurar que el pago
  llegue directamente a ellos”: Leticia Vargas

Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Madero, Tamps.- La negativa de un bloque plural del Cabildo de Ciudad Madero a
autorizar un esquema de endeudamiento para cubrir un laudo laboral superior a los 51
millones de pesos abrió una grieta incómoda entre la urgencia jurídica y la cautela
administrativa. En el centro de esa decisión está la regidora Leticia Vargas Álvarez, quien
justificó su voto en contra no como un acto de oposición política, sino como una postura
anclada —afirma— en la estricta observancia de la ley y en la responsabilidad personal que
implica comprometer recursos públicos sin información suficiente.
“No fue tanto un revés, simplemente nos alineamos a la ley”, sostuvo Vargas Álvarez al
explicar su postura tras la sesión de Cabildo. La funcionaria fue enfática: el Ayuntamiento no
proporcionó documentación clara sobre el origen de los recursos, el mecanismo de pago ni
el destino final del dinero. “No podíamos hacer una votación a la ligera… no se nos dio la
información precisa ni concreta, ni siquiera la explicación contundente de cómo se iba a
llevar a cabo”, señaló.
El argumento central de la regidora apunta a un riesgo que va más allá de la aritmética
financiera: la posible responsabilidad penal o administrativa de los ediles que aprueben un
endeudamiento sin bases jurídicas sólidas. “No podíamos levantar la mano a la ligera y
comprometer el presupuesto del municipio”, advirtió, al subrayar que los regidores también
están sujetos a sanciones si avalan decisiones que vulneren la normatividad.
La discusión ocurre bajo una presión ineludible. El adeudo laboral, originado en
incumplimientos al contrato colectivo desde 2009, fue judicializado en 2012 y culminó en un
laudo firme emitido en 2021, cuya ejecución definitiva fue ordenada por un juez federal. No
hay margen de negociación política: la deuda debe pagarse. “Una vez dado un laudo, los
derechos por cuestiones laborales son irrenunciables”, recordó —ayer— el secretario del
Ayuntamiento, Héctor Marín Page.
La administración municipal propuso un esquema de pago diferido para evitar un
desembolso inmediato que, según el propio secretario, podría derivar en el embargo de
cuentas públicas y paralizar la obra pública. El plan contemplaba un primer pago de tres
millones de pesos y 96 mensualidades de poco más de 500 mil pesos, extendiendo la
obligación hasta por ocho años. La intención, dijo Marín Page, era “hacer más amigable el
pago” y proteger proyectos estratégicos, incluidos recursos de alrededor de 220 millones de
pesos destinados a infraestructura.
Sin embargo, para Vargas Álvarez el problema no es la voluntad de cumplir con la
sentencia, sino la forma. “No estamos en contra de que este laudo se pague, pero sí
necesitamos estar conscientes… saber de qué manera o de qué recurso se va a absorber

este dinero”, explicó. La regidora cuestionó, además, un punto clave que nunca fue aclarado
en la mesa: si los recursos llegarían directamente a los trabajadores o serían depositados
en una cuenta sindical. “No es el sindicato, son los trabajadores… tenemos que asegurar
que el pago llegue directamente a ellos”, subrayó.
La regidora también dejó abierta la puerta a otras salidas institucionales que no
comprometan, de manera inmediata y poco clara, el presupuesto municipal. Entre ellas,
planteó la posibilidad de gestionar apoyos o esquemas extraordinarios ante el Congreso del
Estado. “Hay muchas maneras de poder llegar a un acuerdo”, afirmó, recordando que
administraciones pasadas lograron negociar sin recurrir a fórmulas que hoy generan dudas.
El rechazo del Cabildo —que incluyó votos en contra de regidores de Morena, PAN, PRI y
Movimiento Ciudadano, además de una abstención— detuvo el primer paso administrativo
necesario para llevar el acuerdo al Congreso local, instancia que también debe autorizar
cualquier compromiso de recursos de ejercicios fiscales futuros. Marín Page insistió en que
el Cabildo no vota si se paga o no la deuda, pues eso ya lo ordenó un tribunal, sino el
mecanismo para hacerlo. “No es cuestión de si autorizan un pago o no… es hacer más
amigable el pago”, reiteró, al reconocer posibles fallas de comunicación con algunos ediles.
Mientras el debate continúa, el calendario judicial no se detiene. El próximo 6 de abril está
programada una audiencia conciliatoria en Ciudad Victoria. Si el Ayuntamiento llega sin un
esquema aprobado, el tribunal podría avanzar hacia medidas de ejecución forzosa, incluido
el embargo de cuentas. El trasfondo es tan jurídico como político: una deuda que se gestó y
creció a lo largo de varias administraciones —de Sergio Arturo Posadas Lara a Adrián
Oseguera Kernion— y que hoy coloca al gobierno municipal frente a una disyuntiva
compleja.
En ese escenario, el voto de Leticia Vargas Álvarez resume una tensión clásica de la
administración pública: cumplir la ley sin hipotecar el futuro financiero ni asumir
responsabilidades personales por decisiones mal sustentadas. “Nosotros también como
regidores no podemos comprometer el presupuesto del municipio porque estaríamos
infringiendo un delito”, concluyó.