Por: José Medina

Ciudad Victoria.— El Partido Acción Nacional PAN en el congreso de Tamaulipas, propone reformar el Código Penal y la Ley de Salud del Estado de Tamaulipas, para sancionar el internamiento forzoso en los centros denominados U anexos» o en instituciones psiquiátricas sin el consentimiento libre e informado, y establecer que todo internamiento sea voluntario, documentado y que este sea el último recurso terapéutico, con esencial protección para las niñas, niños y adolescentes, armonizado el marco jurídico estatal con la Ley General de Salud, lo dió a conocer Patricia Mireya Saldivar Cano.

Detalló que el Código Penal del Estado sanciona actualmente formas indirectas de privación de la libertad, como el trabajo forzado o la servidumbre contractual; sin embargo, no contempla de manera expresa el internamiento forzoso en instituciones de salud mental o de adicciones. Tal omisión contraviene lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe imponer penas por analogía y exige que toda sanción esté prevista en una ley aplicable al caso concreto. Por ello, la adición de una fracción III al artículo 390 permitirá tipificar esta conducta como delito específico, reconociendo su

Estableció Saldivar Cano que en Tamaulipas, los llamados «anexos» se han multiplicado como espacios de internamiento irregular, donde las personas son privadas de su libertad sin garantías jurídicas ni consentimiento informado.

De acuerdo con notas periodísticas, en 2025 la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) inició operativos de revisión en estos centros de rehabilitación de adicciones distribuidos en todo el estado, detectando que alrededor del 40% presentaba irregularidades en su documentación para operar legalmente. Como resultado, se procedió incluso a la clausura de cuatro establecimientos en los municipios de Ciudad Victoria y Reynosa.

Afirmó que, más allá de estas irregularidades administrativas, lo preocupante es que dichos centros han sido objeto de múltiples denuncias por abusos, violencia y condiciones indignas, lo que confirma la urgente necesidad de una respuesta legislativa que cierre vacíos legales y garantice una protección efectiva de los derechos fundamentales de la ciudadanía.