Por: Luis Enrique Arreola Vidal.

La revocación de mandato en Oaxaca no fue un mero trámite democrático. Fue una señal inequívoca de ruptura profunda.

El régimen de Morena intentó venderla como una ratificación triunfal, pero los números la desnudaron como una fractura irreversible.

Según los datos oficiales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), con el 100% de las actas computadas, el gobernador Salomón Jara Cruz obtuvo el 59.2% de los votos para continuar (aproximadamente 550,000 sufragios), mientras que el 38.7% exigió su salida (cerca de 357,000 votos), con un 2.1% de nulos.

Esto, en un universo de solo 935,000 votantes, representa una participación del 29.8% del padrón electoral de 3.13 millones de oaxaqueños.

Casi cuatro de cada diez votantes que acudieron a las urnas —sin oposición organizada, sin candidato alterno, sin campaña adversa ni narrativa de reemplazo— exigieron la remoción del gobernador.

Eso no es competencia política: es repudio social puro y crudo.

Y aquí radica el dato que quema: a pesar de la masiva movilización del aparato estatal —con recursos públicos, presión territorial a través de programas sociales como Bienestar, propaganda institucional y el despliegue de toda la maquinaria morenista—, la participación fue baja, apenas rozando el 30%.

En palabras de un análisis cuantitativo si extrapolamos estos números a una encuesta representativa, el rechazo del 38.7% entre participantes activos equivale a un descontento latente.

Los “votos negativos” no son ruido estadístico, sino indicadores de fatiga social, como se vio en el declive de popularidad de gobiernos anteriores.

Oaxaca no es cualquier estado. Es un bastión simbólico del obradorismo, un laboratorio histórico donde Morena debería arrasar sin esfuerzo.

Sin embargo, con todo el control institucional —Congreso alineado, protección política desde Palacio Nacional y un discurso heredado de López Obrador—, el gobernador apenas se sostuvo.

Cuando un gobierno necesita movilizar estructura, programas clientelares y presión para sobrevivir una consulta no vinculante, ya no gobierna: se defiende a ultranza.

El gobernador no solo enfrentó una revocación incómoda; arrastra una realidad imposible de ocultar: el pueblo oaxaqueño no está contento y ha comenzado a despertar.

Morena insiste en no entender lo esencial: la gente ya no vota por otro partido.

Vota en contra del régimen, en contra del abuso, la soberbia, el uso patrimonial del poder y la corrupción local que quedó expuesta una vez que el manto protector de López Obrador se retiró.

Con AMLO en el poder, todo se justificaba, perdonaba y explicaba.

Sin él, Morena quedó al desnudo: gobiernos locales mediocres, cuadros improvisados y un autoritarismo de baja estofa que confunde control con legitimidad.

Esto no es un tropiezo; es el principio del fin de un ciclo.

Los regímenes que sobreviven por inercia terminan colapsando bajo su propio peso.

La revocación no tumbó al gobernador, pero rompió el mito de invencibilidad morenista.

Y así empiezan a caer los regímenes: no con derrotas aplastantes, sino con fracturas internas, votos negativos acumulados, ciudadanos que ya no creen y un poder que sobrevive solo por el aparato estatal.

Oaxaca no es un caso aislado. Es el ensayo general del 2027.

Morena todavía puede ganar elecciones manipulando el voto clientelar, pero ya perdió algo más peligroso: el ánimo social.

Y cuando eso se pierde, la caída no es ideológica. Es inevitable.