Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Altamira, Tamps.- La escena es conocida en la política municipal mexicana, pero
no por ello deja de ser delicada: una obra pública, un regidor que respalda el progreso, una
ciudadana con poder informal y una denuncia que coloca en el centro un concepto
incómodo para cualquier gobierno: la legalidad del actuar público frente al uso político de los
recursos comunes.
El regidor Félix Guillu denunció públicamente a la ciudadana Virginia López, a quien señala
por presuntamente haber amedrentado a un topógrafo que realizaba trabajos de
introducción de tubería en beneficio de los habitantes de la colonia Nuevo Madero. La
acusación implica la posible obstrucción de una obra pública y la utilización de una supuesta
investidura política para influir en decisiones técnicas que, por ley, corresponden
exclusivamente a personal autorizado.
En el mensaje que acompañó el video difundido en redes sociales, Guillu agradeció al
alcalde Armando Martinez Manriquez por la obra que se realiza pero fue directo al fondo del
asunto: “El progreso de Altamira es una prioridad, y nadie puede estar por encima de él”.
Con esa frase, más política que retórica, el regidor colocó una línea divisoria entre el interés
colectivo y la tentación de apropiarse simbólicamente de la obra pública. También dejó claro
que, a su juicio, las obras no deben politizarse porque “responden a una planeación
responsable y a las necesidades reales de la población”.
El señalamiento adquiere mayor peso cuando Guillu solicita que Virginia López comparezca
ante el Cabildo para explicar si actuó por instrucciones del presidente municipal, Armando
Martínez Manríquez (ya que así lo señala en su red social), y bajo qué facultades habría
dado órdenes a personal de COMAPA sobre el manejo de materiales y la ejecución de los
trabajos. La pregunta no es retórica: en términos jurídicos, de confirmarse, se estaría ante
una posible invasión de competencias administrativas y una vulneración al principio de
legalidad que rige el ejercicio del poder público.
En el video, Guillu relata que la ciudadana habría acudido al sitio para exigir modificaciones
en la colocación de tubería en resguardo, bajo el argumento de beneficiar a un “presidente
de la colonia”, y que además habría recurrido a un discurso de intimidación, aludiendo a su
pertenencia política. “Aquí no nos interesa quién es quién”, subrayó el regidor, recordando
que las obras se realizan con recursos de la ciudadanía, no de partidos ni de proyectos
personales.
El regidor introduce un elemento jurídico: la posible violación de derechos de los
trabajadores y de la ciudadanía, así como la obstrucción de funciones públicas, conductas
que no se resuelven con discursos de unidad, sino con procedimientos claros y
responsabilidades definidas.

La controversia se profundiza al revisar una publicación realizada el 12 de enero en redes
sociales por Virginia López. En ella afirma que, “por indicaciones de nuestro presidente el
Dr. Armando Martínez Manríquez”, realizó labores de supervisión de obras en diversas
colonias, acompañada de integrantes de comités Jorge Dimas, Blanca Guzmán y Arnoldo
Ezequiel Rivera. Sin embargo, dichos integrantes no son ciudadanos comunes: se trata de
funcionarios públicos que, además, desempeñan roles internos en el partido Morena y han
sido señalados como posibles aspirantes a cargos de elección popular rumbo a 2027.
El problema no es menor ni meramente político. López Aceves aparece portando uniforme
oficial y realizando labores de inspección de obra pública, actividades que legalmente
corresponden a supervisores técnicos de COMAPA Altamira, no al área de Bienestar Social,
bajo cuya representación se habría presentado. En términos jurídicos, esto abre la puerta a
una discusión sobre usurpación de funciones, desvío de atribuciones y uso indebido de
símbolos y recursos públicos.
Más allá del intercambio de señalamientos, el caso revela una tensión estructural: cuando la
frontera entre gobierno, partido y proyecto personal se vuelve difusa, la obra pública deja de
ser un derecho social y se transforma en botín político. El derecho administrativo precisa
que la autoridad solo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultada, y nadie
—ni siquiera bajo el argumento de “supervisión”— puede colocarse por encima de la ley.
En Altamira, el conflicto aún está lejos de resolverse. Pero el mensaje de fondo ya está
sobre la mesa: la legalidad no se somete a consignas partidistas ni a lealtades políticas. Y
cuando la obra pública se politiza, el verdadero costo no es electoral, sino institucional.