Por La Libre
Por Edelmira Cerecedo Garcìa.
Lo que hoy ocurre en Venezuela debe leerse sin eufemismos ni romanticismos ideológicos: es una advertencia contundente para toda América Latina.
Ningún presidente, ningún partido y ninguna mayoría por amplia que sea es dueña de una nación.
Los países pertenecen a sus ciudadanos, no a quienes gobiernan temporalmente en su nombre. Cuando el poder se asume como propiedad y no como mandato, la democracia comienza a resquebrajarse.
La crisis venezolana no es un hecho aislado ni repentino.
Es el resultado de años de concentración de poder, debilitamiento institucional y justificación de decisiones autoritarias bajo el discurso de la “voluntad popular”. Hoy, el régimen de Nicolás Maduro enfrenta un aislamiento internacional creciente, señalamientos severos sobre la legitimidad de sus procesos políticos y una fractura social profunda. La lección es clara: cuando se cancelan contrapesos, se persigue la disidencia y se normaliza el abuso, el Estado deja de servir al ciudadano y comienza a servirse de él.
La salida a la tragedia venezolana no pasa por invasiones militares ni por aventuras bélicas que solo multiplican el sufrimiento. Debe construirse a través de acuerdos internacionales, con la ONU como garante para evitar violaciones a la soberanía y para impedir que intereses económicos o geopolíticos como el control de recursos naturales se impongan sobre la voluntad del pueblo.
La presión diplomática, la observación internacional y el respeto a los derechos humanos son herramientas más eficaces y legítimas que la fuerza.
Este momento también debe funcionar como una alerta directa para México. Las mayorías legislativas no otorgan carta blanca para debilitar instituciones, concentrar poder ni relativizar la legalidad. La historia latinoamericana demuestra que cuando todo se justifica “en nombre del pueblo”, el siguiente paso suele ser callar al propio pueblo. El aplauso fácil y la obediencia acrítica no construyen democracia; la erosionan.
La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia plantea un reto mayor: gobernar con visión de Estado y no con reflejos ideológicos. México necesita responsabilidad internacional, respeto a los tratados, equilibrio y una defensa firme de los contrapesos democráticos.
Alinear el país, sin matices ni crítica, con proyectos políticos que han demostrado conducir a la pérdida de libertades, a la polarización social y al colapso institucional sería un error histórico.
Venezuela no es un espejo lejano: es una advertencia cercana. La democracia no se hereda ni se garantiza por decreto; se cuida todos los días, con instituciones fuertes, con libertad de expresión, con división de poderes y con ciudadanos vigilantes. Ignorar esa lección tiene un costo que, tarde o temprano, terminan pagando los pueblos.
