Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
El saqueo no siempre llega con violencia.
A veces entra por la puerta principal, con invitación oficial, actas firmadas y sellos perfectamente colocados.
Eso es exactamente lo que ocurrió con la compra de medicamentos para los penales de Tamaulipas.
Documentos oficiales en poder de este medio revelan cómo la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas montó un procedimiento administrativo que, bajo la apariencia de legalidad, blindó la adjudicación de más de seis millones de pesos a una empresa previamente perfilada para ganar.
No es una acusación política.
Es una reconstrucción documental.
El dinero ya estaba apartado
Antes de que se emitiera una sola invitación, la SSP dejó constancia de la disponibilidad presupuestal para la compra de medicamentos penitenciarios durante el ejercicio 2025.
El monto autorizado superaba los 7.4 millones de pesos, destinados a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social.
Es decir: el dinero estaba listo.
El concurso no decidiría si habría compra, sino quién se quedaría con ella.
La invitación ya estaba dirigida.
El 22 de agosto de 2025, el Director General de Compras y Operaciones Patrimoniales, Porfirio González Reyes, junto con Juan Diego Guadalupe Alemán Puga, Director de Adquisiciones, firmaron las invitaciones para un concurso de “cuando menos tres personas”.
Los invitados fueron:
• Calajer Suministros, S.A. de C.V.
• Laura Elena Maldonado Martínez
• Luce LFG, S.A. de C.V.
Las reglas eran claras: confirmación obligatoria, asistencia presencial obligatoria y exclusión automática en caso de incumplimiento.
Sobre el papel, todo impecable.
En la práctica, el libreto ya estaba escrito.
La simulación queda al descubierto.
El 27 de agosto se celebró el acto de apertura.
Ahí ocurrió lo siguiente:
• Calajer presentó cotización completa.
• Laura Elena Maldonado Martínez presentó una cotización más barata.
• Luce LFG no asistió.
Tres invitados.
Dos competidores reales.
Uno ausente.
Al día siguiente, el fallo resolvió lo que ya estaba decidido:
Laura Elena fue descartada con el argumento de que “no cotizó el total de las partidas”, pese a que el acta de apertura acredita que sí presentó cotización.
La adjudicación fue para Calajer, por $6,088,032.05 pesos.
El antecedente que nadie explica.
Aquí el expediente se vuelve explosivo.
Laura Elena Maldonado Martínez no es una proveedora desconocida.
Fue señalada formalmente por la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría 2022 A-28000-19-1842-2023, relacionada con un contrato cercano a 60 millones de pesos para medicamentos oncológicos con la Secretaría de Salud de Tamaulipas.
La ASF documentó que:
• No contaba con infraestructura.
• No tenía personal.
• Su domicilio fiscal era una casa habitación.
• Encajaba en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
El resultado fue una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Y aun así, volvió a ser invitada.
No para ganar.
Para simular competencia.
La empresa “todóloga”.
La empresa ganadora, Calajer Suministros, tiene un objeto social tan amplio que puede hacerlo todo: vender medicamentos, construir viviendas, comercializar textiles, operar logística, vender papelería y ejecutar obra pública.
Capital social: 500 mil pesos.
Contrato adjudicado: más de seis millones.
Exactamente el tipo de perfil que encaja en procedimientos diseñados para cumplir la forma y vaciar el fondo.
Un patrón que se repite.
Cuando se colocan todas las piezas sobre la mesa, el patrón es claro:
1. Presupuesto previamente autorizado.
2. Invitaciones dirigidas.
3. Un proveedor con antecedente de “empresa fantasma” como comparsa.
4. Un tercer invitado que no aparece.
5. Un rechazo técnico forzado.
6. Una adjudicación previsible.
7. Las mismas firmas, los mismos cargos, el mismo método.
No es un error administrativo.
Es un mecanismo de simulación.
El fondo del asunto.
No se trata solo de dinero público.
Se trata de medicamentos para personas privadas de la libertad, bajo custodia total del Estado.
Cada peso mal adjudicado en ese rubro no es solo corrupción:
es negligencia institucional con consecuencias humanas.
Todo lo aquí expuesto está sustentado en actas oficiales, invitaciones firmadas, fallos de adjudicación y auditorías federales.
No hay filtraciones anónimas ni versiones de pasillo.
La pregunta que queda en el aire no es menor:
¿Quién diseñó el blindaje administrativo y quién se beneficia de que nadie lo rompa?
Porque cuando el saqueo se vuelve procedimiento, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en política pública.
