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Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, 28 diciembre.- Tamaulipas enfrenta el reto de decidir cómo proteger y recuperar sus bosques en un territorio que concentra millones de hectáreas forestales con condiciones ambientales diversas y distintos grados de alteración.
La entidad cuenta con una superficie forestal estimada en alrededor de 4.66 millones de hectáreas, de las cuales cerca de 519 mil corresponden a bosques templados y aproximadamente 805 mil a selvas, mientras que el resto está integrado por vegetación de zonas áridas y áreas con algún nivel de degradación.
En este contexto, surge el debate sobre si resulta más conveniente plantar árboles o permitir que la naturaleza siga su curso, una decisión que depende del objetivo ambiental y de las condiciones específicas de cada ecosistema.
Especialistas señalan que la regeneración natural suele conservar mayor diversidad biológica y ofrecer servicios ambientales más sólidos, como la regulación del clima y la captación de agua, al permitir que las especies se adapten de forma gradual al entorno.
Estos procesos fortalecen ecosistemas que han evolucionado durante décadas y que desempeñan un papel clave en el equilibrio ambiental del estado, sin requerir una intervención directa del ser humano.
Sin embargo, la reforestación adquiere importancia cuando los daños son severos, como en zonas afectadas por incendios, deforestación o erosión, donde la recuperación natural puede ser lenta o insuficiente.
En estos casos, la plantación de árboles ayuda a estabilizar suelos, reducir la pérdida de tierra y retener humedad, siempre que se realice con especies adecuadas y bajo criterios técnicos acordes a cada región.
Además, existen plantaciones con fines productivos destinadas a la obtención de madera, resina, látex u ornato, cuyo propósito es atender la demanda del mercado y disminuir la presión sobre los bosques naturales.
Este panorama coloca a Tamaulipas ante decisiones clave sobre cuándo intervenir y cuándo permitir la regeneración natural, en un escenario donde cada acción puede definir el rumbo ambiental del estado en las próximas décadas.
