Alberto Serna
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado abrió un nuevo frente de discusión laboral al presentar una iniciativa que exhorta directamente a las empresas privadas de Tamaulipas a otorgar permisos laborales con goce de sueldo a mujeres que padezcan menstruación dolorosa, una condición médica que, de acuerdo con la promovente, continúa siendo minimizada en los centros de trabajo.
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, quien planteó un Punto de Acuerdo para solicitar a empleadores, cámaras empresariales y sindicatos la adopción voluntaria de esta medida, bajo el argumento de que la dismenorrea afecta la productividad, el bienestar y la calidad de vida de las trabajadoras.
“La menstruación dolorosa representa una realidad médica que impacta directamente en la vida laboral de muchas mujeres”, expone el documento legislativo.
En la exposición de motivos, la legisladora subraya que en Tamaulipas esta prestación ya existe para servidoras públicas estatales y municipales, pero no así para quienes laboran en el sector privado, lo que afirma genera una brecha de trato e inequidad laboral. “Resulta inadmisible que únicamente parte de la fuerza laboral femenina tenga acceso a este derecho”, señala la iniciativa.
El planteamiento adquiere mayor peso al considerar que las mujeres representan aproximadamente el 41.4 por ciento de la población económicamente activa en Tamaulipas, cifra que, según la diputada, obliga a replantear las condiciones laborales desde una perspectiva de salud y género, más allá del discurso de igualdad formal.
El Punto de Acuerdo solicita que los permisos se otorguen previa acreditación médica, y que las empresas implementen además políticas internas de sensibilización sobre la salud menstrual, con el objetivo de construir entornos laborales “equitativos, respetuosos y humanos”.
La propuesta enfatiza que no se trata de una imposición legal, sino de un llamado a la responsabilidad social empresarial.
Asimismo, el Congreso pide a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado y al Instituto de la Mujer Tamaulipeca difundir el acuerdo y acompañar técnicamente a las empresas que decidan adoptar la medida, en un intento por extender una política pública que hoy solo beneficia al sector gubernamental.
