Alberto Serna
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La desigualdad salarial y la precariedad laboral dentro del Congreso de Tamaulipas quedaron expuestas tras la iniciativa presentada por el diputado del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, quien puso sobre la mesa una realidad incómoda; mientras una parte del personal goza de prestaciones completas, otra sobrevive con sueldos rezagados, sin estabilidad ni certeza laboral.
De acuerdo con el documento legislativo, al cierre de diciembre de 2024 el Congreso del Estado reportó 251 plazas, de las cuales 220 estaban ocupadas y 31 permanecían vacantes, sin que estas últimas hayan sido asignadas al personal con mayor antigüedad.
Del total, 117 corresponden a personal de base y 134 a personal de confianza, sin contabilizar a quienes laboran bajo esquemas de honorarios, subcontratación, extraordinarios o supernumerales, lo que según el legislador distorsiona la cifra real de trabajadores que sostienen el funcionamiento cotidiano del Poder Legislativo.
“La información pública no refleja la totalidad del personal que labora en este Congreso; el número real es mayor”, advierte la iniciativa, al contrastar que en 2016 el IMCO reportaba 275 plazas, es decir, más de las que oficialmente se reconocen nueve años después.
García Cabeza de Vaca señala que la brecha no solo es numérica, sino económica. Mientras el personal sindicalizado accede a incrementos y prestaciones como gratificaciones vacacionales, apoyos escolares, bonos por antigüedad y aumentos salariales de hasta 20 por ciento, el resto del personal queda excluido. “En el Congreso del Estado, los trabajadores que tienen acceso a este tipo de prestaciones representan, a lo máximo, el 50 por ciento de la plantilla”, expone el documento.
La iniciativa también cuestiona la discrecionalidad en la asignación de plazas, al señalar que existen trabajadores con años de antigüedad que siguen esperando una base, pese a que oficialmente hay vacantes.
“Resulta inconcebible que se reporten vacantes en vez de que se asignen a los trabajadores con más años laborados”, se lee en la iniciativa.
Otro punto crítico es la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, pues el legislador exige que se haga efectivo el principio de “a trabajo igual, salario igual”, especialmente para las trabajadoras del Congreso.
Ante este panorama, el punto de acuerdo solicita a la Junta de Gobierno del Congreso una evaluación integral de sueldos y prestaciones, la asignación inmediata de las 31 plazas vacantes, y un informe detallado del estado real de la plantilla laboral desde el inicio de la 66 Legislatura hasta diciembre de 2025.
“Los trabajadores mujeres y hombres de este Congreso son quienes dan sustento a nuestro trabajo… y merecen reciprocidad y mejores condiciones laborales”, concluye el documento.
