EL AGUA QUE NADIE TOCA.
Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
En México, el agua es un derecho humano.
En los expedientes administrativos, a veces, parece otra cosa: un privilegio que el tiempo vuelve invisible.
En Reynosa, Tamaulipas —ciudad acostumbrada al tandeo, a los cortes prolongados y a la normalización de la escasez— existe una concesión federal de agua subterránea que ha atravesado casi tres décadas sin una sola revisión pública documentada.
No es una concesión menor. No es reciente. Y no está en una zona de abundancia.
La titular es Lourdes Cabeza de Vaca de García, madre del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca.
Una concesión que resiste todo.
Los registros oficiales de la Comisión Nacional del Agua confirman que el 23 de abril de 1996 se otorgó a Lourdes Cabeza de Vaca de García la concesión 2TAM102868/24AMGE95, que autoriza la extracción anual de 119 mil 750 metros cúbicos de agua subterránea para uso agrícola.
El punto de extracción se localiza en el acuífero Bajo Río Bravo, dentro del municipio de Reynosa.
El título permanece vigente, sin anotaciones marginales, sin reducción de volumen, sin suspensión y sin constancia pública de auditoría técnica o revisión administrativa, pese a que la realidad hídrica de la región ya no es la de 1996.
Ese dato, por sí solo, debería incomodar.
El contraste que no se puede ignorar.
Mientras la concesión se mantiene intacta, Reynosa vive una paradoja cotidiana: hogares con llaves secas, colonias enteras sujetas a horarios de agua, y autoridades obligadas a repartir el recurso mediante pipas como política recurrente, no como excepción.
La presa Falcón —pieza clave del sistema de abasto— ha operado en niveles críticamente bajos.
El estrés hídrico dejó de ser una advertencia y se volvió rutina.
En ese contexto, el dato adquiere otro peso: durante casi 29 años, la concesión ha permitido la extracción acumulada de más de 3.5 millones de metros cúbicos de agua subterránea en el mismo municipio donde miles de familias almacenan agua en tambos y cubetas.
No hay ilegalidad probada.
El título fue otorgado conforme a la ley vigente.
La concesión es formalmente válida.
Pero la legalidad no agota la discusión pública.
Lo que la ley sí permite —y exige— revisar
La Ley de Aguas Nacionales nunca concibió las concesiones como derechos perpetuos ni inmunes al paso del tiempo.
El marco jurídico prevé su revisión, ajuste o rescate cuando existen causas de interés público.
Entre ellas:
Cambios sustanciales en la disponibilidad del recurso.
Afectaciones al equilibrio social o ambiental.
Necesidad de garantizar la prelación del uso doméstico.
Las crisis hídricas actuales constituyen hechos supervenientes: condiciones nuevas, graves y documentadas, que obligan al Estado a revisar decisiones tomadas bajo circunstancias radicalmente distintas.
Aquí no hay interpretación forzada.
Hay letra expresa de la ley.
El silencio como política de estado.
Hasta hoy, no existe constancia pública de que la concesión otorgada a Lourdes Cabeza de Vaca de García haya sido sometida a:
Auditoría técnica integral, Evaluación de impacto hídrico, Procedimiento de rescate por interés público, Revisión de prelación de usos.
Y la gran pregunta: ¿A cuantos Tamaulipecos beneficia esa concesión?
Ese silencio administrativo no es neutro.
En materia de agua, no revisar también es decidir.
Decidir que nada cambia.
Decidir que el contexto no importa.
Decidir que el expediente puede seguir cerrado mientras la ciudad se queda sin agua.
Un apellido, una concesión, una pregunta incómoda
El apellido no invalida un derecho.
Pero tampoco debería blindarlo del escrutinio institucional, pasando encima de la necesidad más básica de los ciudadanos.
Este no es un señalamiento penal ni una imputación personal.
Es una pregunta pública dirigida al Estado mexicano:
¿Por qué una concesión volumétrica, otorgada hace casi 30 años, en una zona hoy declaradamente presionada por la escasez, no ha sido revisada?
No es una pregunta ideológica.
Es administrativa.
Es legal.
Es urgente.
Porque cuando el agua falta, lo verdaderamente extraordinario no es que existan concesiones antiguas.
Lo extraordinario es que nadie se atreva a tocarlas.
