La Comuna

José Ángel Solorio Martínez

Los problemas sociales se siguen acumulando en Tampico, Tamaulipas. No sólo los ecologistas y líderes de colonias populares se han rebelado; ahora se suma, la importante clase media-alta que vive en los predios residenciales más relevantes.
Otra fuente de disensos para la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.
Otro almácigo de votos para el PAN.
Y un resquebrajamiento estructural de MORENA.
En el puerto ante más pierde influencia el morenismo, más se amaciza el PAN.
Más de 10 colonias, demandaron el cierre de comercios, que dicen, están establecidos irregularmente.
Argumentan, que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es violentado ante la omisión de la autoridad por el intento de varios vecinos de convertir zonas residenciales en áreas comerciales.
Los ciudadanos inconformes, pertenecen a las colonias Sierra Morena, Lomas del Chairel, Guadalupe, Monte Alegre, Las Flores, AltaVista, El Águila, El Charro, Lauro Aguirre y Lomas de la Aurora.
Ese problema se ha incubado desde administraciones pasadas. Lo que enfada a los ciudadanos de esas comunidades, es la permisiva pasividad del ayuntamiento tampiqueño de resolver las demandas para la resolución de, lo que aseguran, es un problema cada vez más grave.
Dijeron que abrir establecimientos comerciales en lugares habitacionales -en este caso- acarrea agudos problemas de tránsito -clínicas cuyas ambulancias generan obstrucción del tráfico vial-, saturación de basura y crisis en un sistema de drenaje diseñado para usuarios particulares.
Subrayaron que no están en contra del emprendimiento de algunas personas. Queremos que ellos, se instalen en plazas comerciales o sitios adecuados para que desplieguen sus actividades.
“No en nuestras calles”, enfatizaron.
Dieron a conocer que recorrerán medios, para señalar su inconformidad ante la falta de atención de la autoridad municipal.
Advirtieron que de no haber respuesta escalarán las protestas.
La tiene difícil Mónica.
Cumplir y hacer cumplir el POT e intentar desactivar la ira social de los residentes de esos colectivos sociales, sin lastimar a unos u otros.
Mucha operación política y diálogo se requiere.
Y por supuesto: que su esposo -Antonio Verdeal Millán- y sus hijos, saquen las manos de los cobros para esos comercios que operan, claramente, al margen de los ordenamientos legales.