CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Quedó formalizada la designación de Jesús Eduardo Govea Orozco como Fiscal General de Justicia de Tamaulipas para los próximos siete años. Y, en honor a la verdad, pocas decisiones recientes del gobierno habían encontrado una justificación tan puntual.
El gobernador Américo Villarreal Anaya eligió a alguien que no necesita presentación dentro del sistema de procuración de justicia: Govea conoce la institución desde sus cimientos, porque ahí se formó, ahí creció y ahí aprendió, con experiencia de campo, dónde están las fracturas que hoy paralizan a la Fiscalía.
“Nació” profesionalmente en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, en la que permaneció más de veinte años, principalmente como agente del Ministerio Público. Después, ese trayecto institucional se completó con una etapa fundamental: su paso por el litigio.
Desde la trinchera del foro litigante capitalizó los conocimientos acumulados durante décadas y se consolidó como uno de los abogados más prestigiados de la entidad. Esa doble visión, la del funcionario investigador y la del abogado defensor, lo coloca en una posición privilegiada para comprender lo que funciona y lo que está roto.
A ese bagaje se suma un valor profesional poco común: el dominio de los dos sistemas de justicia penal. Conoció el modelo inquisitorio que se dejó atrás en 2016 y fue responsable de aterrizar, en Tamaulipas, el sistema acusatorio y los juicios orales. Coordinó su implementación desde 2013 y encabezó la capacitación de agentes, peritos y policías investigadores. Son credenciales que no se improvisan.
Bajo esa trayectoria, la pregunta cae por su propio peso: ¿quién, si no él, conoce con mayor precisión las debilidades que hoy hunden a la Fiscalía? Más de 50 mil carpetas rezagadas, miles de órdenes de aprehensión sin cumplir y una operación desfondada tras años de decisiones equivocadas. Govea sabe exactamente qué debe corregirse y qué debe eliminarse, sin discursos ni simulaciones.
Lo digo con conocimiento profesional. Somos, de algún modo, contemporáneos en el oficio: mientras él integraba expedientes, nosotros recorríamos salas, agencias del Ministerio Público y pasillos policiales para reportear el pulso de la procuración de justicia. Desde esa perspectiva puedo afirmar, sin exageración ni complacencia, que la designación difícilmente pudo recaer en alguien más adecuado.
Durante su comparecencia ante los diputados, el pasado miércoles, dejó claro que no llega a improvisar. Subrayó la necesidad de evaluar el desempeño del personal porque gran parte del rezago proviene de agentes y policías enviados a trabajar sin formación práctica real. También planteó fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos para liberar carga operativa y concentrar esfuerzos en delitos graves. Y anticipó que, desde el 16 de diciembre, su primer día en el cargo, ordenará un diagnóstico institucional para arrancar acciones inmediatas.
El reto, por supuesto, no es menor. Combatir la corrupción será esencial: todavía persisten prácticas que el sistema acusatorio pretendía extinguir. Los “arreglos” y los cañonazos siguen presentes en algunas regiones, particularmente en la frontera, donde la tentación es constante. Ahí, Govea necesitará firmeza y respaldo político para evitar retrocesos.
Aun así, la oportunidad está servida. Si logra corregir inercias, profesionalizar la operación y devolverle credibilidad a la institución, no solo cumplirá su labor: estará escribiendo un capítulo distinto en la historia de la justicia en Tamaulipas.
Ojalá lo logre. Porque si alguien tiene la preparación y la perspectiva para intentarlo, es él. La urgencia es ordenar el desorden.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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