CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
La reforma constitucional promovida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y aprobada por el Congreso de Tamaulipas el pasado 14 de noviembre, abrió un conflicto que pocos han querido ver o, de plano, no están viendo.
Resulta que, al otorgarle al Órgano de Administración Judicial la facultad de reorganizar distritos y mover jueces de adscripción, se genera un riesgo que puede afectar directamente los derechos político electorales de quienes fueron electos por voto popular en la histórica elección judicial de este año.
En términos simples, un juez que compitió y ganó en un distrito podría terminar ejerciendo en otro, lo que altera la esencia del mandato que la ciudadanía le otorgó en las urnas.
Ese es un grave problema y conviene decirlo con toda claridad.
Tamaulipas presentó la elección judicial como un avance democrático y, por primera vez la gente tuvo la oportunidad de elegir a quienes impartirán justicia en su distrito.
Cada juez y cada jueza ganó un territorio específico gracias a la confianza de su comunidad. Esa legitimidad no es decorativa, nace del voto directo y debe ser respetada.
Sin embargo, la reforma recientemente aprobada permite redibujar el mapa judicial, fusionar regiones y modificar adscripciones. Esto significa que un juez electo por Victoria podría ser reubicado en Mante. O que una jueza favorecida por el electorado de Reynosa podría ser trasladada a otro territorio con el argumento de equilibrar cargas de trabajo. En ningún caso se respeta el lugar donde esa autoridad obtuvo su legitimidad.
Para decirlo de otra forma: lo que se presenta como un ajuste administrativo puede terminar convertido en una alteración profunda del mandato ciudadano. Los jueces no son burócratas movibles. Son autoridades electas y quienes resultaron electos adquirieron derechos que no pueden ser ignorados por una reorganización interna.
La reforma promete eficiencia y modernización. Sin embargo, una modernización que se construye a costa del voto deja de ser modernización y se convierte en retroceso. Si un juez compitió por Reynosa es porque aspiraba a servir en Reynosa. Cambiarle el distrito después de que ganó es equivalente a cambiar las reglas del juego después de haber contado los votos.
Nadie ha explicado cómo se evitará que esta reorganización afecte el mandato territorial de los jueces. Tampoco se han mencionado garantías para proteger los derechos político electorales involucrados.
Vale preguntarse si la ciudadanía aceptaría un escenario similar en otra elección. Sería como elegir al alcalde de Matamoros y que, una vez concluida la contienda, se le informe que gobernará Güémez para mejorar la “operatividad territorial”. El absurdo es evidente. En el ámbito judicial el efecto sería el mismo.
La ruta para la inconformidad ya está abierta. Recursos ante tribunales electorales, juicios para la protección de derechos, revisiones federales y todo tipo de impugnaciones podrían surgir si los jueces sienten que su voto de origen fue alterado por una reforma administrativa.
Tamaulipas necesita un Poder Judicial moderno, cercano y eficiente, sin duda. También necesita proteger el principio democrático que dijo fortalecer con la elección de jueces, obvio, Pero ningún beneficio organizacional justifica borrar o desplazar la voluntad ciudadana.
La pregunta es sencilla y al mismo tiempo incómoda: ¿Esta reforma fortalece la justicia o debilita la democracia? ¿Moderniza el sistema judicial o abre una grieta en el respeto al voto?
Mientras las respuestas llegan, los impulsores de la reforma deberían explicar cómo garantizarán que ningún juez electo sea desplazado del territorio donde ganó. Si esa garantía no existe, entonces el conflicto ya está plantado y la reforma que se presume como un avance puede terminar convertida en un retroceso de largo alcance.
EL RESTO.
GASOLINA AL FUEGO.- Nadie (y menos los gobiernos) debe decirse sorprendido por el encabronamiento de los hombres y mujeres del campo, porque la inconformidad suma por lo menos cinco años.
Aquí, desde este espacio, advertimos de los riegos de que las instancias oficiales ignoraran los reclamos de los productores y las consecuencias las vemos hoy con el cierre de carreteras y puentes internacionales.
No obstante, si las autoridades siguen en su terquedad de no darle un viraje a la política agropecuaria, le estarán echando gasolina al fuego de la inconformidad.
Por cierto, restarle autenticidad al movimiento campesino con el argumento de que está polítizado, solo demuestra ignorancia del tema.
ASI ANDAN LAS COSAS.
