CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Hay diputados que construyen prestigio a pulso. No por gritos ni por escándalos, sino por trabajo legislativo serio, constante y con sentido social. Marco Antonio Gallegos Galván, de Morena, es uno de ellos. Sus iniciativas suelen tener pies, cabeza y propósito.
Por eso sorprendió —y preocupó— que ahora esté dispuesto a cruzar una línea que ningún legislador sensato debería pisar: la de intentar limitar la expresión ciudadana en un tema tan sensible como las desapariciones.
El fin de semana, Gallegos adelantó que propondrá sanciones para quienes, desde redes sociales, “generen movilizaciones policiales” o “alteren la paz social” con argumentos falsos. El mensaje tenía destinatario claro: las familias que protestan cuando un ser querido desaparece.
Según él, algunas de esas manifestaciones se originan sin verificar si la persona realmente está en riesgo o si simplemente decidió alejarse por voluntad propia, andar de fiesta o refugiarse temporalmente en otro sitio.
Esa narrativa, planteada así, simplifica de manera peligrosa un fenómeno que en Tamaulipas ha costado miles de vidas y ha sembrado miles de ausencias.
El diputado tomó como referencia un caso reciente: la protesta frente a Casa de Gobierno tras la desaparición de un joven en un taller de la colonia Corregidora. La versión inicial hablaba de un grupo armado que se llevó al dueño, a un empleado y al muchacho que solo había acudido a arreglar su motocicleta. Horas después, apareció en redes un video anónimo donde el supuesto desaparecido pedía a su madre “no exagerar” y “no hacerlo quedar mal”.
Un mensaje leído entre líneas como una señal de vida… o como una posible grabación forzada. Nadie, absolutamente nadie, puede certificar la autenticidad de ese material.
Es aquí donde Gallegos tropieza. Tomar un caso dudoso, con un video de origen desconocido y circunstancias no verificadas, para intentar construir una iniciativa que limite la protesta ciudadana, no solo es un despropósito: es un riesgo democrático. En un estado donde la desaparición es una herida abierta, penalizar a las familias por alzar la voz es criminalizar la desesperación. Pretender que una madre, un padre, un hermano, evalúe jurídicamente si su denuncia es “fundada” o “infundada” antes de clamar ayuda, es desconocer lo que significa vivir en el infierno de la incertidumbre.
Las protestas por desapariciones no son caprichos, ni berrinches, ni actos dolosos. Surgen del miedo, del dolor y de una angustia que nadie debería experimentar. Las familias no “generan movilizaciones policiales”; lo que generan es presión para que las instituciones hagan lo que deberían hacer sin necesidad de reclamos: buscar. Solo buscar. En un estado donde la confianza institucional está erosionada, la protesta es la única herramienta que muchas familias tienen para ser escuchadas.
La libertad de expresión y de manifestación no es un lujo: es una garantía constitucional. Limitarla, condicionarla o someterla a filtros punitivos no solo vulnera derechos básicos; abre la puerta a abusos y a discrecionalidades que, históricamente, han sido usadas para silenciar a quien incomoda. Si una iniciativa así prosperara, estaríamos frente a un retroceso indignante y a una vulneración directa del tejido social.
Gallegos suele estar en la ruta correcta, pero esta vez se desubicó. Confundió un caso aislado —y además incierto— con una tendencia real. Y desde esa confusión pretende legislar. Tamaulipas no necesita más candados para la protesta; necesita más resultados en las búsquedas, más profesionalización policial, más coordinación y más voluntad institucional.
Ojalá el diputado reflexione antes de poner su firma en una propuesta que, de entrada, está destinada al fracaso. Porque ninguna mayoría legislativa, ni siquiera una afín a su partido, estaría dispuesta a cargar con el costo de aprobar un atropello así. Y porque, más allá de la política, el dolor de una madre que busca a su hijo no se legisla. Se acompaña.
EL RESTO.
Por cierto, la fiscalía de Irving Barrios Mojica, difunde, con mucho ruido mediático, la localización de decenas de personas desaparecidas.
Lo que no dice es que se trata de personas que se ausentaron por decisión propia: Adolescentes rebeldes, mujeres víctimas de violencia familiar, entre otros.
Nada tienen que ver esas desapariciones con las que comete el crimen organizado. Las cosas claras.
ASI ANDAN LAS COSAS.
