Cd. Victoria, Tam.- Delito calificado como un cáncer por los propios legisladores, su presencia maligna hizo metástasis por la ineptitud sostenida de las autoridades.

Tras la aprobación en la Cámara Alta, entra en su etapa final la nueva ley contra la extorsión. El proceso inició el 10 de julio pasado, cuando la Comisión Permanente del Congreso dio recepción a la iniciativa de la doctora SHEINBAUM que reformó la Carta Magna y facultó al Congreso para elaborar y expedir dicha ley.

Misma que buscaría unificar criterios penales para homologar leyes locales, sanciones, procedimientos y protocolos de atención a las víctimas en las 32 entidades. Reforma que los mexicanos nos tardamos décadas en siquiera concebir. Bienvenida, nunca es tarde. ¿Novedades?, subrayo algunas:

Importante el que se hayan decidido (por fin) a perseguir de oficio este delito. Su investigación ya no dependerá de la denuncia. Al concebirla como un agravio al Estado, hay justificación para la iniciativa institucional.

Se establecería un tipo penal único en legislaciones y códigos del país, para evitar algo que los abogados llaman “dispersión normativa”, la cual ha dificultado la persecución y castigo.

Ya no prescribirá este delito. Sin fecha de caducidad, para evitar que abogados y jueces amañados se dediquen a patear el balón con artimañas dilatorias, postergando procesos para que el tiempo extinga la responsabilidad penal.

De forma complementaria, los imputados por extorsión se harían acreedores a la prisión preventiva oficiosa. Quedarán confinados mientras se resuelve el caso.

SANCIONES, ATENCIÓN

Se habla de penas más severas, lo cual no siempre tiene el publicitado efecto disuasivo. Para que los delincuentes potenciales teman realmente a condenas largas, se requiere eficacia en el ministerio público y rigor en los jueces. Que los primeros no se doblen y los segundos no se arrastren.

La reforma en marcha endurece, pues, el castigo. La pena mínima subiría a 15 años y la máxima a 25. Con agravantes en los casos de servidores públicos que faciliten la extorsión. Cuestión de recordar a los gendarmes y agentes de tránsito habilitados hoy como “cobrones”, al servicio de jefes locales.

Habría penalidad específica para quienes introduzcan dispositivos electrónicos no autorizados en centros penitenciarios, léase celulares o cualquier aparato que sirva para delinquir a distancia desde la celda. Lo cual contemplaría sanciones de 6 a 12 años

En buen romance, se habla de atención a las víctimas. Asistencia y protección integral, incluyendo mecanismos para evitar la revictimización. Y también para la reparación del daño, en proporción a su gravedad.

Lo cual incluye medidas patrimoniales; el decomiso de bienes vinculados a la extorsión, incluyendo la extinción de dominio para que los recursos obtenidos se utilicen en la reparación a las víctimas.

DATOS, MONITOREO

Todo luce requetebién en el papel y (mejor todavía) en espots y discursos. La duda es si habrá voluntad política para hacer cumplir disposiciones así y si tendrán (algo todavía más difícil) personal y presupuesto suficientes.

Por igual resulta digna del mejor aplauso esa intención de conseguir la colaboración de bancos y compañías telefónicas (celulares, los más) para detectar y bloquear recursos usados en extorsiones.

Por experiencia se sabe que los gerentes de sucursales se hacen los remolones ante el descarado empleo de sus cuentas en la recepción de cobros ilícitos.

Amén de ser sumamente laxo (cómplice, incluso) el mercado de la telefonía móvil. Quienes rentan el servicio, venden aparatos y asignan números, suelen lavarse las manos en cuanto al uso perdulario de sus líneas.

También en puerta, la creación del llamado Registro Nacional de Extorsión. El cual alimentarían con los reportes de cada delito, para conformar una amplia base de datos. Útil para detectar patrones de comportamiento y bosquejar el modus operandi de esas redes criminales.

Hablan de inteligencia y dicen que tendrán las “herramientas tecnológicas” para el monitoreo, análisis digital y seguimiento de comunicaciones.

Un viejo dicho en las agencias de inteligencia americanas advierte que no basta tener la información, además hay que usarla. Mejor aún, hacerlo para bien, a tiempo y con la profundidad debida. De otra manera serán solo palabras hermosas que nutran los discursos, pero sin impacto en el mundo real.

PRUEBA DE ÁCIDO

Entrada en vigor la nueva ley, se habla de un esfuerzo inicial para crear unidades especializadas en todo el territorio nacional, con sus respectivas tareas de reclutamiento y capacitación. ¿Hay dinero para ello?

Las dos cámaras ya aprobaron tanto la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional que facultó al Congreso para legislar en la materia, como la posterior Ley General, tema de esta columna.

Vino luego la ratificación en los congresos locales. La mayoría en septiembre (Tamaulipas, el día 24) y un menor número en los primeros días de octubre.

Ahora falta que suelten el engendro a retozar, para ver como se porta en la práctica. Este delito se encuentra tan arraigado que exige tareas policiales de aplicación inmediata. Ello, con la esperanza de que no resulte un parto de los montes, como tantos sueños magnánimos que brillan en el papel, sin impacto significativo en la vida real.

BUZÓN: [email protected]

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