CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
NOVIEMBRE—5—2025.
Conforme se acerca la fecha fatal del vencimiento del periodo de ejercicio de Irving Barrios Mojica, la tensión política se vuelve más evidente. Diciembre ya no es un simple mes en el calendario: es una línea marcada en rojo. Y mientras el reloj avanza, empiezan a verse maniobras, discursos calculados y respaldos que no son casualidad. Hay actores que desean, abierta o veladamente, que el michoacano permanezca al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
No queda claro si lo hacen por instrucción, por estrategia o por afinidades personales. Pero la coincidencia en el discurso no deja lugar a dudas: están alineados. Y eso, por sí mismo, dice más de lo que se declara frente a los micrófonos.
Hay un diputado de Morena, en particular, que en cada entrevista se empeña en defender el trabajo de Don Irving. Repite, como mantra cuidadosamente ensayado, que “si el Estado está avanzando en la consecución de la paz es porque las instancias de seguridad pública y justicia están funcionando positivamente”. Un espaldarazo que suena más a mensaje dirigido que a convicción personal.
Lo que ese diputado no dice —ni los demás defensores— es que el sistema de procuración de justicia es un desastre total. No un problema aislado, no una falla operativa: un desastre completo y estructural.
Si esos defensores se dieran un tiempo para visitar las agencias del Ministerio Público sin previo aviso, si observaran los miles de expedientes acumulados sobre los escritorios, si revisaran las estadísticas sin matices, sabrían que hay miles de carpetas de investigación rezagadas. Que hay órdenes de aprehensión detenidas en el limbo institucional. Que hay víctimas que se cansan de esperar justicia y terminan desistiendo.
Peor aún: descubrirían que aquellas prácticas viciadas que se prometió erradicar con el sistema penal acusatorio siguen más vivas que nunca. La corrupción no se ocultó ni se transformó: simplemente se adaptó al nuevo procedimiento. El método cambió. La podredumbre no.
El tiempo corre. Cada día nos acerca más a diciembre, cuando Barrios Mojica concluye su periodo de mandato. Y aunque el michoacano asegura que no está en su intención buscar la reelección, en su círculo más cercano hay optimismo. Creen que podría venir una instrucción desde arriba.
Dicen —y lo dicen con seguridad— que la relación de Barrios con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, podría convertirse en la llave para abrir la puerta de la continuidad. Una decisión que no pasaría por el análisis institucional, sino por la conveniencia política.
Aquí lo hemos advertido: dejar a Barrios Mojica sería agravar el desastre. Sostener lo que no funciona no resuelve nada. Solo prolonga el daño.
No se trata de animadversión personal. Se trata de hechos. De realidades medibles. De historias contadas desde dentro. Con más de cuatro décadas en el ejercicio periodístico, casi la mitad cubriendo la vida interna del sistema de justicia, conocemos lo que ocurre detrás de los boletines oficiales.
Hemos dialogado con agentes del Ministerio Público, policías investigadores, peritos, personal operativo y mandos. Y la queja es uniforme, reiterada y preocupante: nunca habían estado peor.
Los funcionarios que rodean a Barrios son corresponsables de ese deterioro. Ahí están los nombres: Gabriela Prietto Ávalos, Natanael Isaí Castelán Iturria y Olegario Contreras Macías. La primera fue arquitecta del colapso conocido como “el modelo de Tres Pisos” en Ciudad Victoria. El segundo hundió la operación litigadora. El tercero permitió el desgaste y descrédito de la policía investigadora.
Lo mejor que podría ocurrirle a la Fiscalía es que quien asuma la titularidad sea alguien que conozca las entrañas de la institución, que no necesite diagnóstico, que tenga claro dónde está la fractura y qué herramientas se requieren para reconstruir.
Alguien con rigor jurídico. Con experiencia probada. Con autoridad moral.
Perfiles existen. Ahí está el Fiscal Anticorrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco. Ahí está el exmagistrado presidente del Poder Judicial, Hernán de la Garza Tamez. Ahí está el exsubprocurador de justicia, Javier Cordova González. Ahí está el exjuez y hoy agente del Ministerio Público, Dionisio Saldaña Jaramillo.
Cada uno de ellos conoce el sistema desde adentro. No en teoría, sino en práctica. No en discurso, sino en oficio.
Pronto el Congreso del Estado emitirá la convocatoria para renovar la Fiscalía. La decisión habrá de tomarse antes del 15 de diciembre, cuando concluya el periodo ordinario de sesiones.
Pero seamos claros: desde el momento en que se conozcan los nombres de quienes se inscriben, se sabrá quién será elegido. Porque estos procesos, aunque revestidos de formalidad, responden a acuerdos políticos previos.
La votación en el Pleno, en la mayoría de los casos, no decide. Confirma.
Y ahí es donde se definirá si Tamaulipas quiere cambiar su realidad… o solo acomodarla para que parezca distinta.
Diciembre no perdona.
Y la historia tampoco.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
