Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
Harto indigna a la sociedad civil el genocidio perpetrado por militares, en Estación Manuel, del municipio González, el lunes que nos antecede (octubre 6), pues hay testigos presenciales del ataque a un grupo de jornaleros que se transportaban en una camioneta de regreso a sus hogares.
La narrativa primaria de autoridades militares, refiere que las víctimas quisieron embestir a un vehículo del convoy conformado por tres unidades y en respuesta al sentirse amenazados (sic), los uniformados respondieron accionando sus armas de cargo
Esto según reportes oficiales de la IV Región Militar y de la 48/a Zona Militar.
Sin embargo, conforme avanzan las indagatorias, se ha confirmado el exceso castrense que dejó como saldo seis muertos y dos heridos.
Incluso, los militares ya fueron separados de sus cargos; y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) –como lo determina la ley–, aunque la Justicia Militar tenga sus propias leyes con relación a las faltas reglamentarias de los soldados.
En lo civil, quienes resultasen responsables de esa masacre, deberán ser castigados penalmente.
Esto de ningún modo borraría la indignación poblacional, pues no es, ésta, la primera ocasión en que elementos de la Guardia Nacional abusan de los civiles.
Durante el régimen presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, se han mostrado, al menos, otros dos casos deshonrosos, perpetrados por militares contra civiles, pretextando los uniformados tiroteos con grupos delincuenciales:
1) En octubre del 2024, en una carretera que une a los municipios de Villacomatitlán y Huixtla, en Chiapas, militares dispararon contra una camioneta que transportaba migrantes. Y según el relato oficial, el vehículo trató de huir, pero al escuchar los soldados detonaciones, dispararon. Seis migrantes resultaron muertos y otra docena quedó malherida.
Como ahora, la Sedena anunció entonces que relevaría de sus tareas a los militares implicados; y
2) En el municipio Badiraguato (Sinaloa), en mayo 6 del año en curso, militares dispararon contra una camioneta en la que viajaban 4 menores y 2 adultos. Por los disparos castrenses, dos niñas (de 7 y 11 años, Alexa y Leydi) murieron. Los otros dos menores y los adultos resultaron heridos.
El Ejército, como ahora, no señaló agresión alguna en su contra. Pero igual, supuestamente, dio de baja a los soldados asesinos.
Estos acontecimientos son, simplemente, un ejemplo de los excesos cometidos por la fuerza castrense.
Así que la jefa del Ejecutivo Federal está obliga a instruir a los mandos del Ejército a que capaciten a su personal para que aminore la agresión contra la sociedad civil; y que atienda las denuncias ciudadanas para que se castigue, conforme a derecho, a los asesinos, pues no se vale que para justificar trabajo se atente contra inocentes.
En verdad, el pueblo de México merece respeto. Más a sus garantías individuales.
Ahora, acorde a la disposición legal, le comento que, si un militar mata a un civil en México, debe ser juzgado por la justicia civil, ya que no se trata de un delito militar o en el contexto del servicio activo, pues las leyes civiles establecen que los civiles son juzgados por tribunales civiles.
Dependiendo de las circunstancias, el militar podría enfrentar penas según el Código Penal federal o de la entidad federativa correspondiente, mientras que también podría enfrentar consecuencias disciplinarias por parte de su mando militar.
Sé, también, de primera mano, que hay elementos castrenses que poco tienen incorporados a la corporación, pero han acumulado tantos recursos económicos que sus parentelas ostentan sin rubor alguno.
¿Qué significa esto?
En fin.
Ojalá y al cruento acontecimiento acontecido en Estación Manuel no le den carpetazo.
Cicuta
La colusión de altos mandos militares con grupos delincuenciales ha sido y sigue siendo registrada, aunque poco se ha hecho contra ellos.
Hay generales acusados en la Unión Americana, pero ya fallecieron. Y asoman otros retirados.
En México, los más señalados por su colusión con criminales, han sido: Salvador Cienfuegos Zepeda, Mario Arturo Acosta Chaparro, Jesús Gutiérrez Rebollo, Francisco Quirós Hermosillo, Gilberto Toledano Sánchez, Humberto Eduardo Antimo Miranda, Alfredo Navarro Lara, Jorge Mariano Maldonado, Ricardo Martínez Perea y Juan Manuel Barragán Espinosa.
Así que, para disipar sospechas de que hay militares que protegen a delincuentes, es necesario llevar al patíbulo a los soldados que masacraron vilmente a los jornaleros tamaulipecos.
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