-Urge que la Cuarta Transformación garantice seguridad en las manifestaciones
-El 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco generó caos y violencia en el zócalo capitalino
-No es lo mismo someter a vándalos que reprimir una manifestación ciudadana pacífica
H. Matamoros, Tamaulipas.-Los lamentables hechos ocurridos en la ciudad de México durante el 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco evidencian la triste realidad que se vive en nuestro país con relación a las movilizaciones ciudadanas.
Si bien es cierto que el derecho a manifestarse le asiste a cualquier ciudadano que vive en un país democrático, también es cierto que las marchas, plantones o bloqueos deben llevarse a cabo en un marco ordenado sin afectar a terceros ni provocar daños patrimoniales.
Durante la concentración ciudadana en el zócalo capitalino que reunió a alrededor de diez mil manifestantes fue notoria la participación violenta de un grupo de aproximadamente 400 encapuchados y con vestimenta en color negro, saqueando establecimientos comerciales y, lo más, grave, agrediendo a los policías que resguardaban el Palacio Nacional.
Con la instrucción precisa del gobierno de la ciudad de México de “no reprimir ni caer en provocaciones”, los guardianes del orden resistieron oleadas violentas con piedras, petardos y bombas molotov, situación que dejó un saldo de 94 policías lesionados-uno de ello intubado en terapia intensiva- así como 29 civiles que fueron atendidos en instituciones médicas de emergencia.
Al respecto, CLARA BRUGADA, jefa del gobierno capitalino, se concretó a “felicitar” a los agentes policiales “por la valentía mostrada al resistir provocaciones sin caer en confrontaciones”.
Asimismo, no tuvo empacho al manifestar que “a diferencia de 1968-año de la matanza de Tlatelolco-la policía no reprime, sino que construye paz, protege a la ciudadanía (¿?) y ha contribuido a la reducción de la inseguridad”.
No obstante, vale la pena precisar que BRUGADA pasa por alto lo que establece la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerzas que establece claramente que “solo las instituciones de seguridad pueden usarla de manera racional, proporcional y en estricto apego a los derechos humanos”.
Las imágenes fotográficas y de audio-video que dieron la vuelta al mundo la tarde del pasado 2 de octubre dan cuenta de la agresión de que fueron objeto los granaderos que solo resguardaban las instalaciones del Palacio Nacional sin intervenir en las acciones de los manifestantes.
El saldo rojo de policías y civiles lesionados, además de las pérdidas millonarias en los establecimientos comerciales ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hacen necesario que las autoridades locales y federales asuman su responsabilidad de resguardar la integridad física de los ciudadanos, evitar el vandalismo y, eso sí, sin reprimir a quienes participan en ese tipo de movilizaciones ciudadanas.
Lo anterior desde la perspectiva de que no es lo mismo someter a quienes comenten actos de vandalismo, saquean comercios o realizan pintas en monumentos y edificios públicos, que agredir o reprimir a quienes ejercen el derecho constitucional a la libre manifestación.
Así de sencillo.
En consecuencia, impedir actos violentos y vandálicos como los escenificados el pasado 2 de octubre por el llamado Bloque Negro o la violencia que acostumbran el grupo de mujeres “Las Adelitas”, por citar un par de ejemplos, no puede etiquetarse como un acto represivo por parte de las autoridades de gobierno sino simple y sencillamente cumplir con la obligación de proteger a la sociedad tanto de daños físicos como patrimoniales.
Las llamadas bombas molotov, los arietes de madera incendiados, los cohetones, el uso de martillos y pinzas para agredir y violentar candados, son artefactos e instrumentos que ocasionan daños al ser utilizados como armas.
Aunque, claro está, a los gobiernos de la Ciudad de México y de Palacio Nacional les interesa más aguantar el embate de las manifestaciones por razones políticas que hacer uso de sus facultades para impedir el vandalismo y agresiones, respetando, obviamente, el derecho a la manifestación ciudadana.
De nada sirven las felicitaciones a los guardianes del orden por haber “resistido valientemente las provocaciones” si uno de ellos permanece en terapia intensiva e intubado al aspirar el aire caliente de las bombas molotov que le provocó inflamación severa en las vías respiratorias, de acuerdo al dictamen médico.
Por cierto, vale la pena señalar que en un principio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, asignó 500 policías para resguardar el Palacio Nacional, pero, ante el embate de los manifestantes, se enviaron mil agentes más y aún así los encapuchados lograron romper la formación policial con todo lo que ello significa en materia de seguridad de los agentes y de la efectividad de su misión.
Ni hablar.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Lo sucedido el pasado 2 de octubre en el zócalo capitalino durante el 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco no debiera ser pasado por alto por parte del gobierno capitalino y del país.
Si no se pone un freno a los actos vandálicos de grupos como El Bloque Negro o Las Adelitas, por ejemplo, la violencia seguirá creciendo generando temor e incertidumbre entre la sociedad civil y empresarial.
No es lo mismo someter a vándalos y agresores que reprimir una manifestación ciudadana pacífica.
Así de sencillo.
Y hasta la próxima.
