Alberto Serna
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, diputado Víctor García Fuentes, subrayó la importancia de que las familias verifiquen la legalidad y condiciones de los centros de rehabilitación, conocidos como anexos, a los que acuden personas con problemas de adicciones.
“Pues yo no tengo el número exacto, pero eso lo debe tener definitivamente la Comisión Estatal de Protección contra los Sanitarios”, señaló el legislador, al referirse a la falta de una cifra actualizada sobre estos espacios.
García Fuentes recordó que, cuando él manejó cifras del tema, “había alrededor de casi 300 instituciones, algunas de una forma libre y clandestina y otras que cumplían debidamente con la regulación sanitaria para tener estos centros de atención, principalmente en temas de adicciones”, dijo.
El diputado insistió en que el reto no es solo la existencia de los anexos, sino que las familias estén informadas sobre las condiciones en las que sus seres queridos serán atendidos. “La adicción es una enfermedad que afecta al entorno familiar. Es importante que los familiares y las mismas personas que padecen este problema sepan dónde van a ser tratados, en qué condiciones van a ser tratados, que se informen ante las instancias correspondientes, como son los centros de salud y la Dirección General de Salud Mental del Estado”, expuso.
Asimismo, recalcó que conocer la legalidad de los centros es una medida básica de protección. “Si yo voy a dejar a mi hijo, a mi primo, a un amigo, a una institución de este tipo, pues lo primero que yo debo exigirle a la institución es: oye, pásame tu tarjeta sanitaria, pásame tu regulación sanitaria, tus permisos correspondientes”, puntualizó.
El legislador destacó que la mayoría de los anexos cuentan con algún documento que avala su funcionamiento, mientras que, “son muy pocos los que no tienen alguna carta o permiso por parte de la Comisión Estatal de Protección contra Medios Sanitarios”.
Finalmente, García Fuentes reiteró que las autoridades sanitarias continúan con el proceso de supervisión y regulación de estos espacios, con el objetivo de evitar que prácticas inadecuadas pongan en riesgo la salud de quienes buscan atención.
