Por: José Medina

Consideró Blanca Anzaldúa que la participación ciudadana ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en una necesidad tangible y urgente en las sociedades modernas, pues en un contexto de transformación democrática, donde la transparencia, la corresponsabilidad y la inclusión marcan la diferencia entre el buen gobierno y el autoritarismo institucional, se vuelve indispensable adecuar el marco legal estatal a las exigencias actuales.

Refirió que la legislación ciudadana tamaulipeca requiere de instrumentos claros, accesibles y con efectos vinculantes que le permitan incidir de manera efectiva en la toma de decisiones públicas; no basta con enunciar principios democráticos, es imprescindible traducirlos en estructuras operativas que hagan posible ejercer el derecho a participar desde lo local y lo comunitario, y en ese sentido, derivado del análisis comparado y la experiencia documentada en estados como la Ciudad de México, evidencian que figuras como los comités ciudadanos, el presupuesto participativo y las consultas digitales, fortalecen el tejido social, mejoran la gobernanza y elevan la eficacia de las políticas públicas.

Informó que en Tamaulipas, los comités vecinales operan de manera informal en algunos municipios, pero carecen de reconocimiento legal, atribuciones definidas y canales institucionales para incidir en las decisiones gubernamentales, lo que ha propiciado prácticas de simulación, clientelismo o desarticulación de los procesos de participación social, de ahí que resulte urgente reconocer y dotar a los comités ciudadanos de una figura jurídica formal, con reglas claras de integración, temporalidad, representatividad y vinculación directa con las autoridades estatales y municipales.

Propuesta: Los comités podrán ser constituidos a iniciativa de las autoridades municipales o por solicitud ciudadana conforme a convocatoria pública, siendo su integración democrática, equitativa, representativa y sin fines partidistas.

Los comités tendrán, entre otras, las siguientes atribuciones:
l. Identificar y priorizar necesidades comunitarias;

Proponer acciones de mejora en coordinación con autoridades;
III. Supervisar obras, programas y servicios públicos en su zona de influencia;

Promover la corresponsabilidad, la cultura cívica y el bienestar social; y
V. Participar en los procesos de presupuesto participativo y planeación democrática.