Por Agustín Peña Cruz
Ciudad Altamira, Tamps.- Lo que comenzó como una supuesta protesta pacífica dentro
del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETis) No. 78 en Altamira,
derivó en un estallido de violencia y vandalismo contra el director del plantel, Julio César
Barrón Morales. Testimonios y registros en redes sociales muestran cómo un grupo de
estudiantes, presuntamente incitados por dos docentes con parentesco entre sí, agredió
físicamente al directivo y causó daños materiales a instalaciones educativas, consideradas
patrimonio federal.
Algunos padres de familia señalan que los jóvenes fueron manipulados para confrontar al
director, luego de que éste se negara a ceder a presuntas exigencias administrativas. Otros,
sin embargo, aseguran que las protestas habrían surgido a raíz de señalamientos por acoso
contra el directivo, aunque hasta el momento no existen pruebas contundentes que
sustenten tales acusaciones.
POSTURA DE ACTIVISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
El activista social Fredy Antonio Torres Mar, de la Asociación Civil Gestores Productivos
Comunitarios, denunció mediante un video la gravedad de los hechos: “lo que hicieron los
jóvenes fue un acto vandálico, un delito de lesiones y daños al patrimonio de una institución
pública. Nadie tiene derecho de hacer justicia por propia mano. Estos actos deben ser
investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Adolescentes”.
Torres subrayó que los hechos revelan no sólo una descomposición social, sino también la
falta de respuesta efectiva de las autoridades educativas y judiciales para atender de raíz
las denuncias y conflictos.
En paralelo, fuentes de la Guardia Estatal confirmaron la existencia de dos presuntas
carpetas de investigación abiertas contra el director por supuesta violación, motivo por el
cual la intervención policial buscó preservar su integridad física.
Por su parte, la abogada y activista social Xóchitl Rangel sostuvo que, al tratarse de un
plantel de competencia federal bajo la DGETI, “los hechos encuadran en la Ley Penal
Federal por daño al patrimonio, con posible intervención de la Fiscalía General de la
República”. Incluso señaló que, conforme al artículo 164 del Código Penal Federal, el caso
podría tipificarse bajo la figura de crimen organizado si se acredita una estructura colectiva
para agredir a una persona y a los bienes del Estado.
El doctor en derechos humanos Habacuc Garduño añadió que la investigación no sólo debe
recaer sobre los menores partícipes en el vandalismo, sino también sobre los catedráticos y
padres que permitieron o alentaron las agresiones.
POSTURA DEL COMISIONADO DE LA DGETI
La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en
Tamaulipas condenó enérgicamente los hechos. El comisionado estatal, ingeniero Olegario
Muñiz Cura, lamentó la agresión y reafirmó que “la violencia en cualquiera de sus formas es
inaceptable y no refleja el espíritu de la comunidad educativa”.
Muñiz Cura reiteró el compromiso institucional de fomentar el diálogo, la cooperación y el
respeto como pilares de la vida escolar, al tiempo que se exigirá la aplicación de sanciones
conforme a la ley.
MARCO NORMATIVO APLICABLE AL HECHO
Los hechos ocurridos en el CETis 78 se enmarcan en diversas disposiciones legales: Ley
de Justicia para Adolescentes del Estado de Tamaulipas: establece que los menores de
edad que incurran en conductas tipificadas como delitos deberán ser investigados y, en su
caso, sujetos a medidas de sanción o reinserción social, privilegiando siempre el interés
superior del adolescente.
Mientras que el Código Penal del Estado de Tamaulipas sanciona las conductas de
lesiones, daños a propiedad ajena y motín, mismas que podrían aplicarse a los hechos
registrados.
Por otra parte, el Código Penal Federal: en su artículo 164, prevé sanciones por asociación
delictuosa o crimen organizado, aplicable cuando más de dos personas se organizan con
fines de delinquir en perjuicio de instituciones federales o sus representantes.
En este sentido, como señala Torres Mar, la conjunción de leyes locales y federales obliga a
que tanto la Fiscalía Especializada en Adolescentes como la Fiscalía General de la
República investiguen los hechos, deslindando responsabilidades entre estudiantes,
presuntos docentes instigadores y demás actores involucrados.
