Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
En política, como en la vida, los discursos y los hechos suelen convivir en tensión permanente. Lo vimos en Tampico, donde el gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró la quinta edición del ‘México Carbon Forum’.
Un evento que reunió a más de tres mil asistentes y 170 ponentes.
Ahí, frente a empresarios, académicos y representantes internacionales, el mandatario tamaulipeco aseguró que el estado está listo para ser ‘punta de lanza’ en la mitigación de los efectos del cambio climático.
Un compromiso de gran calado, si consideramos que Tamaulipas es, al mismo tiempo, motor energético del país y foco de contaminación derivada de esa misma producción.
El mandatario fue enfático: “nuestra actitud y nuestra presencia son necesarias, absolutamente necesarias, en la mitigación y en el equilibrio de este excesivo producto que estamos teniendo a través de la generación de energía”.
Palabras que se escuchan como declaración de principios, pero que encierran un dilema mayúsculo: ¿cómo equilibrar la producción energética con la responsabilidad ambiental en un territorio cruzado por intereses petroleros, gaseros y eléctricos?
José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la SEMARNAT, llevó el mensaje de la secretaria Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, y, por extensión, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: avanzar hacia una República con basura cero y consolidar la operación del Sistema Nacional de Cambio Climático.
La traducción política fue directa: el gobierno federal espera que estados como Tamaulipas aporten músculo y resultados, no sólo discursos.
Por su parte, Javier Arribas Quintana, ministro consejero de la Unión Europea, puso sobre la mesa el otro gran reto: vincular a México con los mercados internacionales de carbono, con reglas claras, transparencia y una transición justa que atienda impactos sociales y económicos. En su voz resonó el eco de Bruselas, donde la sostenibilidad no es tema de coyuntura, sino política de Estado.
Karina Saldívar Lartigue, secretaria estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, defendió que el Plan Estatal de Desarrollo 2022–2028 y el Programa Estatal para el Desarrollo Urbano Sustentable marcan un rumbo claro: ordenamiento territorial, energías renovables y economía circular.
Mientras tanto, Mónica Villarreal Anaya, alcaldesa de Tampico, cerró con un compromiso municipal: “acciones concretas para colaborar con la disminución de carbono”.
La narrativa quedó servida: Tamaulipas quiere ser referente nacional e internacional en sostenibilidad.
La otra cara de la moneda
Sin embargo, los discursos verdes conviven en la misma geografía con historias que exhiben la fragilidad del Estado frente al crimen económico y ambiental. Mientras en el Expo Tampico se hablaba de mercados de carbono y transición energética, en tribunales federales aparecía el nombre de Roberto Blanco Cantú, alias Roberto Brown o ‘El señor de los buques’.
Un empresario victorense criado en Brownsville, Texas, señalado como presunto propietario de Mefra Fletes, compañía de transporte y almacenamiento de combustibles. El 9 de septiembre, un juez en Baja California giró orden de aprehensión en su contra por posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos.
El caso estalló después de que la Secretaría de Marina asegurara millones de litros de diésel ingresados ilegalmente desde Texas.
Entre la agenda verde y el diésel negro
Aquí es donde se cruzan las dos historias: mientras el gobernador Américo Villarreal busca proyectar a Tamaulipas como líder en sostenibilidad, el caso de ‘El señor de los buques’ exhibe cómo, bajo la sombra, florecen redes criminales dedicadas a contrabandear combustibles.
Una contradicción dolorosa que refleja los desafíos de fondo: la sostenibilidad no sólo depende de políticas verdes, sino también de cortar los tentáculos de las economías ilegales que alimentan corrupción, dañan el medio ambiente y debilitan al estado.
Porque si algo nos enseña el ‘México Carbon Forum’, es que el discurso climático tiene sentido en la medida en que se traduzca en hechos. Y si algo recuerda el caso Brown es que, en Tamaulipas, el diésel ilegal sigue corriendo con la misma velocidad que las palabras en un foro internacional.
El futuro del estado se juega en esa delgada línea: entre la ‘punta verde’ y el ‘trascendido negro’.
Caída anunciada
La detención y vinculación a proceso judicial de María del Carmen Zepeda Huerta, quien fuera contralora estatal en la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es muestra irrefutable de que un grupo de ex funcionarios estatales por fin pagarían por sus ilícitos.
Días antes, una jueza penal sentenció a 19 años de prisión a Mario Gómez Monroy, ex secretario de Educación, acusado de peculado y ejercicio ilícito del servicio público por el desvío de 8.2 millones de pesos a través de un convenio irregular con la aseguradora Metlife S. A.
La lista de ex funcionarios acusados de corrupción es amplia.
Así que no le extrañe que en los próximos días haya más detenidos.
Correo: [email protected]
