Por Luis Enrique Arreola Vidal.
En Tamaulipas, la obra pública no solo pavimenta calles: también pavimenta dudas.
Bajo la batuta de Pedro Cepeda Anaya, Secretario de Obras Públicas desde el 1 de octubre de 2022, la modernidad prometida se ha transformado en un terreno minado de preguntas que huelen a nepotismo, opacidad y negocio de familia.
El parentesco incómodo.
Medios locales lo han señalado como primo del gobernador Américo Villarreal Anaya.
Él lo niega con un discurso aprendido de memoria, pero la sombra persiste.
No es un chisme de café: si se confirmara, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA, art. 63 Bis) lo pondría contra la pared, pues prohíbe que parientes hasta el cuarto grado ocupen cargos con poder jerárquico.
¿La sanción? Desde la destitución hasta la inhabilitación.
¿Gobierno de transformación o dinastía al servicio del erario?
Hasta hoy, ninguna investigación oficial se atreve a tocar el tema, pero el silencio ya es una respuesta.
Semáforos inteligentes: la modernidad que terminó en caos.
Con bombo y platillo, el gobierno vendió los semáforos inteligentes de Ciudad Victoria como el salto a la modernidad.
68 millones de pesos destinados para 60 intersecciones.
El avance reportado: 50%.
El resultado real: calles convertidas en pistas de improvisación, semáforos apagados, sincronizaciones fallidas y accidentes al alza.
El propio expediente revisado muestra inconsistencias en bitácoras y contratos, que revelan empresas beneficiadas como Señales y Proyectos, S.A. y Semáforos S.A., cuyo historial corporativo no despeja dudas de favoritismo y triangulación.
La ciudadanía no necesita estadísticas: los policías de tránsito han tenido que volver al silbato y las manos, como en los años 80.
El gobierno repite el mantra de que beneficiará a 349 mil habitantes, pero lo único que crece es la opacidad en contratos y entregables.
¿Dónde está la auditoría independiente?
¿Dónde los resultados medibles?
En cualquier empresa privada, semejante fracaso costaría despidos inmediatos.
Aquí, en cambio, se paga con aplausos oficiales.
Rumbo Nuevo: el doble cobro legalizado.
La carretera Rumbo Nuevo, orgullo de los noventa financiada con dinero público, fue entregada en diciembre de 2023 a un consorcio encabezado por PINFRA y Grupo Mexicano de Desarrollo, bajo la fórmula mágica de la APP (Asociación Público-Privada).
Los números son claros:
• 792 millones de pesos en rehabilitación.
• 654 millones de pesos pagados al estado por explotación.
• Peajes desde 2024: 30 pesos para autos y hasta 1 peso por kilómetro para vehículos pesados.
La narrativa oficial: reducir accidentes (147 choques, 53 muertes en tres años previos).
La realidad: bloqueos, protestas e indignación social.
El agravio es evidente: la gente ya pagó esa carretera con sus impuestos.
Hoy la vuelve a pagar en cada viaje. Un doble cobro institucionalizado, bendecido por contratos legales pero marcado con tinta de injusticia.
Los “estudios”: un robo en despoblado.
La joya de la corona son los estudios de viabilidad.
Consultorías que justifican proyectos, aunque a veces parezcan pretextos para saquear.
Ejemplo: el estudio de factibilidad para una tirolesa en el parque Tamatán.
El costo: millones de pesos.
Sí, millones por un documento para tender un cable.
¿Cuánto costará el cable entonces?
No es un rumor: son pagos que se disfrazan de “planeación” pero que carecen de respaldo técnico público.
La LGRA (art. 52) obliga a que todo gasto sea eficiente, económico y justificado.
Aquí no hay eficiencia, no hay economía y mucho menos justificación.
El dictamen de la ASF: irregularidades confirmadas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión de la Cuenta Pública 2024, detectó irregularidades graves en el manejo de más de 874 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples.
Entre los hallazgos:
• Recursos transferidos con retraso y fuera de norma.
• 27 proveedores sin opinión fiscal vigente ni evidencia de cumplimiento.
• Obras sin registro ante el IMSS, lo que implica riesgo de evasión en cuotas obrero-patronales.
• Pagos a beneficiarios fallecidos, detectados en padrones de programas sociales, con reintegros obligados a la Tesorería.
La ASF incluso abrió expedientes de responsabilidad administrativa contra funcionarios estatales, entre ellos el CI-SF/009/2025 y el AI-ITIFE/009/2025, confirmando que el desorden no es percepción, sino realidad documentada.
El pueblo exige, no pide.
La paciencia ciudadana se agotó.
No basta con conferencias ni comunicados a medias. El pueblo exige:
1. Publicación íntegra de contratos, bitácoras y estudios técnicos.
2. Pruebas documentadas de que no existe nepotismo en el nombramiento de Pedro Cepeda Anaya.
3. Resultados medibles de cada peso invertido.
La transparencia no es un favor: es una obligación.
Veredicto: ¿obra pública o negocio de familia?
Tamaulipas no aguanta más saqueadores disfrazados de ingenieros ni negocios disfrazados de modernidad.
Los documentos oficiales lo confirman: irregularidades, retrasos, proveedores opacos y gastos absurdos.
La obra pública debería ser un puente al progreso, no un peaje a la corrupción.
Y la última palabra no la tienen los discursos oficiales, sino las instituciones de control y, sobre todo, los ciudadanos que ya no están dispuestos a financiar el festín de unos cuantos con el dinero de todos.
