Por: José Medina

Ciudad Victoria.- A través de un Punto de Acuerdo, la diputada por San Fernando Silvia Isabel Chavez Garay, solicita a los 43 Ayuntamientos de la entidad, con pleno respeto a su autonomía, a realizar las acciones necesarias que garanticen a las personas con discapacidad, la seguridad de su libre tránsito y fácil acceso a su entorno físico, transporte, comunicaciones, servicios e instalaciones abiertas al uso público, en zonas urbanas y rurales, con pleno respeto a las atribuciones establecidas en el artículo 8, de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas.

Indicó; «Como legislatura realicemos una respetuosa solicitud a los 43 ayuntamientos, para que a la brevedad, ejecuten todas aquellas acciones que garanticen a las personas con discapacidad el respeto de sus derechos humanos, mediante la construcción y reparación de todas aquellas infraestructuras con el fin de que estas permitan el adecuado libre tránsito y fácil y seguro desplazamiento de las personas con discapacidad.

Consideró que con acciones legislativas como la presente, se aborda el compromiso de esta legislatura, de impulsar la igualdad de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad, así como el promover, proteger y garantizar el pleno goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales’.

Refiere que, a nivel internacional, nacional, estatal y local, se han adoptado instrumentos normativos en aras de incluir y eliminar todas aquellas barreras que vulneren su derecho humano a la accesibilidad y movilidad, dado que actualmente, nos encontramos con muchas barreras infraestructurales en los diversos entornos físicos.

Explicó que en nuestra Entidad Federativa, se encuentran tanto la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los cuales son ordenamientos jurídicos que establecen las normas básicas de observancia general, para planear, regular y ordenar el uso del territorio en el Estado, debiendo asegurar que las instalaciones públicas, cumplan con la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas para todas las personas.