Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

La reapertura de las cuentas públicas municipales, como de algunos de los organismos públicos descentralizados, correspondientes a los ejercicios fiscales 2021 y 2022, determinada por el Congreso local para nuevamente ser revisadas por la Auditoría Superior del Estado, pone en serios aprietos a varios alcaldes y ex funcionarios que, en esos períodos, se encontraban al frente de los ayuntamientos y dependencias públicas.

Esto a solicitud de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (morena), tras detectar que ‘hay graves anomalías’ omitidas por el equipo del ex auditor Jorge Espino Ascanio que, de comprobarse, podrían derivar en responsabilidades penales, administrativas, fiscales o cualquier otra, a que haya lugar, contra ex munícipes, el propio auditor y algunos directores generales de la OPD’s.

A la administración de Espino Ascanio le correspondió supervisar, de forma permanente, en qué y cómo se gastó el presupuesto asignado antes de haber extendido cualquier documento de liberación a los entonces ediles y altos funcionarios públicos.

Por tanto, si al cierre de su administración o ejercicio, algunos hoy ex alcaldes tuvieron dificultades para comprobar el correcto uso del erario, no es culpa de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, sino del ex titular de la ASE, aunque los ex ediles ahora argumenten que la revisión nueva para calificar su cuenta pública obedece a razones políticas.

Se lo comento porque el tema ha tratado de soslayarlo el propio Jorge Espino Ascanio.

Y corresponde, precisamente a la LXVI Legislatura del Congreso local, aclarar que la nueva fiscalización de los recursos se realiza sin distingos de ninguna clase, porque su manejo está más allá de toda filiación partidista; y que las 43 administraciones municipales reciben un mismo trato, por lo que ningún edil (o ex) tendría razón para esgrimir irregularidades en esta nueva calificación de su cuenta pública, si acaso ésta no fuera aprobada.

Una vez revisadas y de asomar irregularidades, el órgano de control interno de la LXVI Legislatura habría de integrar carpetas de investigación para determinar las posibles responsabilidades administrativas, y, en su caso, presentar las denuncias penales en contra de los servidores públicos (o ex servidores) que omitieron la fiscalización conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

Las primeras cabezas, hasta donde observo, comenzarían a rodar a partir del mes entrante.

Castigo esperado

Por otra parte, me parece un exceso, quizá igual que a usted, que el fiscal anticorrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco, siga dudando para actuar legalmente contra quienes saquearon las arcas públicas en beneficio personal, cuando han sido los mismos funcionarios de la actual administración quienes han señalado con índice de fuego un cúmulo de ilícitos.

Sobre todo, por el mar de documentos que aparecieron al revisar todas las áreas para sustentar acusaciones –por prácticas contrarias al ejercicio público–, bajo un marco legal, como espera la sociedad.

Ésta que de ningún modo plantea una cacería de brujas, pero sí una actitud congruente entre el decir y el hacer, por parte de quien es fiduciario de la procuración de justicia.

Mucho se comenta sobre el latrocinio indiscriminado con obras que no se construyeron; una abultada nómina, al pagarle jugosos salarios a gente sin desquitar los emolumentos; desviación de recursos, mediante el rollo del sistema de viáticos y becas; la asignación vertical de contratos, siendo la ley muy clara en cuanto a las licitaciones para adquirir equipo, mobiliario y enseres de papelería y limpieza; la renta o venta de bienes inmuebles; así como en el mantenimiento de la infraestructura (léase oficinas), y del parque vehicular, entre otros ilícitos quizá menos graves a los que serían los siguientes:

a) El extravío de cientos o tal vez miles de millones de pesos que se supone debieron existir para sustentar el gasto;

b) La preferente asignación de los apoyos de programas sociales en beneficio exclusivo de amigos, compadres, caprichos y parentelas de los otrora influyentes jerarcas gubernamentales; y

c) El saqueo millonario mediante el pago de facturas a empresas sin haber brindado servicios –se les llama fantasmas–, que aparecieron con las auditorías practicadas al iniciarse el actual régimen; y las nuevas ya ejecutadas también por el régimen de la Cuarta Transformación.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas consiga los plazos para requerir información sobre las finanzas y su consecuente aceptación (u observaciones), previos al análisis de la Auditoría Superior del Estado, apoyada por una comisión legislativa; pero ello no impide que en caso de detectarse irregularidades pueda procederse, vía penal, posteriormente por las infracciones cometidas.

Hasta la fecha el fiscal anticorrupción no ha actuado, todavía, para proceder contra los saqueadores.

Y eso que sus pillerías han sido detectadas en todas las áreas.

De cualquier forma, hay ciudadanos que se preguntan esto: ¿Hasta cuándo llevarán al patíbulo a quienes en el pasado tanto daño hicieron a Tamaulipas?

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