Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
Por disposición judicial, Mario Gómez Monroy debe presentarse este día en el Centro Integral de Justicia en el Estado de Tamaulipas a declarar sobre el peculado por el que se le acusa, en detrimento de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET)
Por el momento, el panista permanece inhabilitado para ocupar un cargo en la administración pública, tras haber sido encontrado culpable del ilícito.
Sin embargo, acatar la ley le vale gorro.
Ya ve usted que hace unos años, tras ser inhabilitado por un millonario fraude a la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) –ahora Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSS)–, fue nombrado en Tamaulipas como titular de la SET, por el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En la CORETT, Gómez Monroy le cubrió supuestos honorarios a más de 280 ‘aviadores’ que jamás dieron la cara durante el juicio.
Y en la SET, es la segunda ocasión en que enfrenta una denuncia por peculado.
En fin, hoy sabremos si el proceso lo enfrenta encarcelado o en su casa.
Hay que recordar que Mario es cercano al círculo familiar de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y es también una ráfaga más de los corruptos vientos de cambio panistas que destrozaron con voracidad las finanzas tamaulipecas durante el sexenio pasado
El Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, presidido por Martha Patricia Rodríguez Salinas, jueza de la Primera Región, del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial de Tamaulipas, dictó fallo condenatorio en su contra, por encontrarlo penalmente responsable de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y peculado, tipificados en los artículos 209, 211, 218 y 219 del Código Penal del Estado.
Sentencia a la que llegó la jueza, después de escuchar a la totalidad de testigos y peritos, quienes fueron contundentes en señalar que, Mario ‘N’, suscribió de manera ilegal un convenio, en su calidad de servidor público, demostrándose dos hipótesis.
La primera que, como subsecretario de Administración, de la SET, el 15 de enero de 2018, el sentenciado firmó un convenio de colaboración con la Aseguradora Metlife, como pago de la prima de seguro individual voluntario, con cargo a la nómina, facultad que únicamente le corresponde a la persona titular de dicha Secretaría y, en este caso, solamente en materia educativa.
Durante la vigencia del convenio, del 15 de enero del 2018 al 30 de septiembre del 2022, Metlife depositó y transfirió a diversas cuentas de la Secretaría de Educación, en el Banco Santander, 8 millones 285 mil 878 pesos con 87 centavos, y no a la Secretaría de Finanzas, como debió de haber sido.
La segunda hipótesis actualizada, es que, esta cifra proveniente de la retención de primas de la nómina de las y los trabajadores, se destinó al pago de distintos conceptos, entre ellos, transferencias al mismo Mario ‘N’, sin el visto bueno de la Secretaría de Finanzas, que es la dependencia facultada para regular los ingresos y asignar las partidas presupuestales del ejercicio anual.
Por estos ilícitos Mario ‘N’ podría alcanzar una pena de hasta de 20 años de prisión, lo que se decidirá en la audiencia pública de reparación de daño e individualización de sanciones, programada para este día a las 11:30 horas en la Sala ‘H’ del Centro Integral de Justicia en el Estado de Tamaulipas.
Así, mientras García Cabeza de Vaca vive cómodamente en Texas, con cargo a la fortuna amasada durante su sexenio, quien fuera su fiel secretario de Educación está a punto de perder su libertad, con el agravante de que su litigio lo llevará en los tribunales del Poder Judicial local y federal, que ya no responden a las consignas del ex gobernador.
Otro acusado
Por cierto, cuando la gavilla mantuvo bajo su control a la CORETT, bajo la jefatura de García Cabeza de Vaca en colusión con Mario Gómez Monroy y Gerardo Peña Flores, un grupo de trabajadores de esa dependencia acusó a éste de desviar recursos para financiar la campaña de Francisco Javier como candidato albiceleste al Senado de la República.
Por la gravedad del caso, que entonces omitió investigar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), consigno el hecho, aun cuando los delitos cometidos ya hayan prescrito y quedado sin castigo por la corrupción del sistema judicial.
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