Columna Opinión Económica y Financiera.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Pemex y la CFE (Comisión Federal de Electricidad) están en el centro de las preocupaciones de las finanzas públicas mexicanas en el gobierno de la 4T, como lo reconocen la Secretaría de Hacienda y analistas económicos. Además, el gran tema del momento «huachicol fiscal» se torna muy delicado para las finanzas de Pemex y la CFE.
RESCATE DE PEMEX:
En particular, Pemex enfrenta una situación de quiebra técnica: sus pasivos superan al valor de sus activos, y su deuda acumulada rebasa los $120,000 millones de dólares, manteniéndola como la petrolera más endeudada del mundo.
Todo esto ocurre a pesar de los apoyos billonarios que ha recibido por años en transferencias y alivios fiscales.
Actualmente, la estrategia del gobierno y del secretario de Hacienda, Édgar Amador, gira en torno a dos apuestas principales para rescatar a Pemex:
Estabilización e incremento de la producción: La meta oficial es alcanzar y sostener una plataforma de 1.8 millones de barriles diarios para que Pemex pueda equilibrar sus finanzas en el corto plazo (tres años). Esto sería apoyado por un repunte en la eficiencia de sus refinerías y, al menos parcialmente, por coberturas ante la baja de precios internacionales del crudo.
Contratos mixtos con sector privado: Por primera vez en años, Pemex está abriéndose a la colaboración con empresas privadas a través de al menos 10-17 contratos mixtos a partir de 2025. Se espera que estos esquemas aporten más de 69,000 barriles diarios adicionales y 609 millones de pies cúbicos de gas, representando aproximadamente 4.2% y 13.4% de su producción total, respectivamente. Pemex debe mantener al menos 40% de participación en estos contratos, que privilegian la licitación pública y priorizan a empresas nacionales (como Grupo Carso, Diavaz, Perforadora Latina), aunque se permiten mecanismos alternativos de adjudicación en casos justificados.
Estas alianzas buscan acelerar inversiones en áreas con reservas certificadas y factibilidad técnica, permitiendo participación privada en riesgos y costos—una práctica que en sexenios anteriores estuvo limitada. Los contratos con privados no implican la privatización de activos, sino participación operativa y financiera para reforzar la producción y liquidez de corto plazo.
El secretario de Hacienda subraya que todo el esfuerzo está encaminado a que Pemex logre equilibrio financiero, pues la presión sobre el gasto público nacional es cada vez mayor y el margen de maniobra fiscal es estrecho. De no estabilizarse la producción y aligerar la presión de su servicio de deuda, las obligaciones de Pemex arriesgan comprometer presupuestos de salud, educación y otras prioridades sociales a futuro.
El rescate de Pemex depende de lograr que los contratos con privados se traduzcan en mayor producción y, al mismo tiempo, que se mantenga el apoyo presupuestal público, aunque con costos y riesgos relevantes para las finanzas mexicanas en los próximos años. El éxito de esta estrategia es todavía una incógnita y está bajo observación de calificadoras, inversionistas y organismos internacionales.
RESCATE DE LA CFE:
El plan de rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajo el gobierno de la 4T busca fortalecer su papel como actor central del sistema eléctrico nacional. Este rescate se basa en siete pilares clave.
Primero, se recuperó el control estatal del sistema eléctrico mediante una reforma constitucional que posiciona a la CFE como actor dominante en la generación, distribución y transmisión eléctrica. En segundo lugar, se ha realizado una inversión pública histórica superior a 333,000 millones de pesos, destinada a 35 nuevos proyectos de generación (cerca de 14,000 MW), reforzamiento de redes de transmisión y distribución, y la compra de 13 plantas de Iberdrola (8,539 MW adicionales), lo que consolida la capacidad de la empresa.
Tercero, la meta es que la CFE alcance al menos el 59% de participación en generación eléctrica para 2025 y 60% en 2026, revirtiendo la reducción causada por la reforma energética anterior. Cuarto, se han mantenido las tarifas eléctricas sin aumentos reales durante el sexenio, gracias a subsidios crecientes (84,800 millones de pesos para 2025).
Quinto, se impulsa la transición hacia energías limpias con proyectos como la Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco. Sexto, la CFE ha adoptado mecanismos innovadores de financiamiento como bonos verdes, instrumentos sociales y Fibra E para financiamiento estructurado.
Finalmente, la empresa muestra una posición financiera más sólida, aunque sigue dependiendo del apoyo presupuestario federal.
El objetivo central es garantizar autosuficiencia eléctrica, tarifas estables y avanzar hacia una matriz energética sostenible, con la presencia dominante del Estado en el sector eléctrico como eje estratégico del desarrollo nacional.
SALIDA DE IBERDROLA MUESTRA INCERTIDUMBRE:
Iberdrola se va de México principalmente por una decisión empresarial de enfocar su inversión en otros países, especialmente en Europa, donde ve mejores oportunidades de crecimiento.
Claramente la empresa enfrentó retos en México como:
Disminución de certeza regulatoria, sanciones y,
Restricciones constitucionales en el sector eléctrico que limitaron su actividad en transmisión y venta de energía.
La venta de sus activos a la empresa Cox fue parte de este proceso de retiro estratégico del mercado mexicano.
IMPACTO DEL «HUACHICOL FISCAL» A PEMEX Y CFE:
El huachicol fiscal afecta gravemente a Pemex y la CFE al fomentar el contrabando de combustibles que no pagan impuestos, lo que genera pérdidas multimillonarias para ambas empresas y el Estado mexicano.
Para Pemex, implica la reducción de ventas legales, ya que la gasolina y diésel ilegales inundan el mercado a precios más bajos, desplazando el producto de la petrolera estatal. Se estima que en los últimos seis años, el daño patrimonial para Pemex supera 17,300 millones de dólares, ya que hasta 19% del consumo nacional de diésel ha sido cubierto por huachicol físico y fiscal, con el fiscal representando hasta 13% en 2024.
Para la CFE, el huachicol fiscal encarece los costos, distorsiona la competencia e incentiva el uso de energéticos de dudosa procedencia en la generación eléctrica, comprometiendo la trazabilidad y la recaudación fiscal que sustentan los subsidios eléctricos.
En conjunto, el huachicol fiscal provoca un boquete fiscal superior a 130,000 millones de pesos anuales, debilitando la capacidad del gobierno para financiar infraestructura, programas sociales y las propias operaciones de Pemex y CFE.
