Por Agustin Peña Cruz
Tampico, Tamps.— A casi dos semanas de la agresión sufrida al periodista Esteban
Paredes Rangel de Revista Vertical, el gobierno municipal de Tampico mantiene en
funciones a los dos funcionarios señalados como responsables directos del ataque, lo que
ha generado un nuevo foco de tensión entre la administración local y organismos de
defensa de la libertad de expresión.
En entrevista exclusiva, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya,
confirmó que ni Priscila Sobrevilla, subdirectora de Comunicación Social del DIF Tampico, ni
Carlos Alberto Sandoval Yáñez, integrante del equipo de seguridad de la presidenta del DIF,
han sido separados de sus cargos tras los hechos ocurridos el pasado 3 de julio frente al
CAIC “Fernando San Pedro”.
“No, no han sido separados del cargo. Se está haciendo un análisis de cuál fue la situación,
qué es lo que se puede resolver. Ellos en este momento hicieron uso de su derecho de
vacaciones y se encuentran en ese periodo,” declaró Villarreal Anaya.
A la pregunta sobre si la Fiscalía ha requerido información oficial del municipio para dar
seguimiento al caso, la alcaldesa respondió: “Sí, sé que se lleva una investigación. Vamos a
estar atentos a lo que ahí se resuelva y vamos a estar respondiendo lo que se nos esté
solicitando”.
Sin embargo, lo que más preocupa a defensores de derechos humanos y periodistas es que
el gobierno municipal no ha tenido contacto alguno con el reportero agredido.
“No, no se ha acercado con el periodista”, admitió Villarreal Anaya al ser cuestionada,
argumentando que se encuentran “a reserva, esperando indicaciones sobre cómo deben
conducirse”.
LOS HECHOS: UNA AGRESIÓN PÚBLICA, SIN CONSECUENCIAS VISIBLES
El miércoles 3 de julio, el periodista Esteban Paredes, reportero del medio Revista Vertical y
beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, fue agredido físicamente mientras documentaba el descontento de
padres y madres de familia por el cierre del CAIC “Fernando San Pedro”, a cargo del DIF
municipal.
Durante una transmisión en vivo, el periodista fue empujado y derribado al suelo por los
funcionarios ahora identificados como Priscila Sobrevilla y Carlos Sandoval. “Me agredieron,
me pegué en la columna, me di en las cervicales, por favor, manden una ambulancia”, relató
Paredes, visiblemente afectado en una llamada de auxilio difundida en sus redes.
Testigos confirmaron que la agresión se produjo dentro del plantel educativo, al término de
una reunión con personal del DIF.

“Él no estaba provocando problemas. Se pegó en la cabeza. Todos vimos lo que pasó”,
declaró una madre presente en el lugar.
Aunque ambos funcionarios fueron detenidos por la Guardia Estatal, se encuentran en
libertad y no se ha informado públicamente sobre la situación jurídica que enfrentan.
LA EXIGENCIA DE ARTÍCULO 19: QUE FEABLE ATRAIGA EL CASO
El 11 de julio, la organización internacional ARTICLE 19, con sede en México y
Centroamérica, emitió una condena pública por la agresión, recordando que el caso no solo
implica violencia física, sino una afectación directa al ejercicio de la libertad de prensa,
agravada por el historial de amenazas que ha sufrido el periodista en años anteriores
—incluido un atropellamiento mientras transmitía en vivo en 2020.
ARTICLE 19 exigió que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión
(FEADLE) atraiga el caso, dada la inacción de las autoridades municipales y la falta de
medidas de reparación.
“Las agresiones físicas contra periodistas no sólo impactan su integridad física, también
tienen consecuencias en su salud psicoemocional. En 2024 ya se han documentado 47
ataques físicos contra periodistas en México.”
La organización también señaló que Paredes aún espera atención médica especializada,
sin que ninguna autoridad haya asumido la responsabilidad de cubrir los gastos derivados
de la agresión. Al día de hoy, no hay claridad sobre la continuidad del proceso legal ni
medidas cautelares visibles por parte de la administración municipal.
¿UN MENSAJE DE IMPUNIDAD?
El hecho de que los agresores permanezcan en sus cargos —aunque en “vacaciones”— ha
sido interpretado por varios sectores como un mensaje de impunidad. Para analistas y
defensores de derechos, el silencio institucional del municipio y su falta de acercamiento
con el periodista alimentan una narrativa en la que la violencia contra la prensa se
normaliza, incluso desde estructuras oficiales.
En un entorno nacional donde el ejercicio del periodismo ha cobrado vidas y donde el
Estado mexicano ha sido reiteradamente señalado por su omisión para garantizar
condiciones mínimas de seguridad para reporteros, el caso Esteban Paredes se convierte
en un termómetro de voluntad política local.
El periodismo no puede seguir siendo una profesión de alto riesgo ni una función pública
relegada a procesos “en análisis”. Las decisiones que tome el gobierno de Tampico en los
próximos días marcarán no sólo el desenlace de este caso, sino el precedente de cómo una
administración local puede —o no— responder frente a la violencia institucional contra la
prensa.