Por Agustin Peña Cruz |
Tampico, Tamps.— Con una decisión firme que apunta a restablecer la confianza
ciudadana y a romper con prácticas institucionalizadas de omisión, el Gobierno de Tampico
anunció la conformación de un “Comité de Honor y Justicia”, órgano encargado de
supervisar, investigar y sancionar a elementos de Tránsito vinculados a actos de corrupción
o conductas contrarias a la función pública.
La presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, reconoció que aunque el mandato para
crear dicho comité ya estaba contemplado en la ley, ninguna administración anterior había
cumplido con su implementación, una omisión que —dijo— su gobierno no replicará: “No sé
por qué no se había hecho antes; nosotros lo estamos haciendo porque así lo establece la
ley. Aplicaremos justicia y exigiremos el buen actuar del servidor público”, sostuvo en
entrevista.
El comité será presidido por el secretario del Ayuntamiento, Carlos García Porres, y estará
conformado también por un representante del Cabildo, en particular el regidor o regidora
que encabece la Comisión de Tránsito y Vialidad, así como por otros servidores públicos
previstos en la normativa vigente. Este órgano tendrá atribuciones para revisar el
desempeño ético y legal de los agentes viales, un sector históricamente señalado por
prácticas de corrupción, extorsión y negligencia.
La alcaldesa también reveló otro dato que exhibe la gravedad del rezago institucional:
desde 2017, ningún elemento de Tránsito y Vialidad había presentado exámenes de control
y confianza. “Hoy, de los 120 elementos que tenemos, 90 ya se han evaluado. Estamos
esperando los resultados y los 30 restantes harán sus pruebas en agosto. La contingencia
climatológica nos obligó a retrasar la programación porque necesitábamos a todo el
personal activo”, explicó.
Este proceso de evaluación incluye pruebas toxicológicas, psicométricas, físicas y
socioeconómicas, tal como lo informó la Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico el
pasado 10 de junio a través de redes sociales. En ese comunicado, se precisaba que los
primeros elementos fueron enviados a Ciudad Victoria para realizar las pruebas, marcando
el inicio de un proceso de depuración que había sido postergado por años.
“La seguridad de las y los tampiqueños es prioridad, y esta acción reafirma nuestro
compromiso por contar con corporaciones sólidas, confiables y comprometidas con el
bienestar ciudadano,” se leía en el mensaje oficial difundido entonces.
Por lo que, el anuncio de este comité se da en un contexto de reacomodo institucional,
luego de que la administración municipal aceptara la renuncia del anterior titular jurídico. La
alcaldesa confirmó que desde el 1 de julio ya se cuenta con un nuevo responsable del área

legal, quien colaborará con el comité para asegurar que las investigaciones y sanciones se
realicen dentro del marco normativo.
Aunque la instalación del comité ocurre a nueve meses de la gestión municipal, el acto es
visto como positivo entre los integrantes del cabildo porteño hacia la institucionalización de
la rendición de cuentas y el cumplimiento de los marcos normativos vigentes.
Hay que recordar que en un país como México donde los cuerpos de tránsito suelen operar
en condiciones de impunidad y con escaso control interno, Tampico se suma —aunque
tardíamente— a las exigencias de profesionalización y depuración, con un enfoque que
apuesta por la legalidad como principio rector de la función pública.
Ahora, solo queda por ver si esta medida perdura como política de Estado local o se diluye
con el paso del tiempo. Por ahora, el gobierno de Mónica Villarreal Anaya parece decidido a
que la ley deje de ser letra muerta.