Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

El decomiso más reciente de combustible ingresado ilegalmente a México y la acusación de que ese contrabando fue realizado por la empresa Ingemar S.A. de C.V., propiedad de Ernesto Guillermo Ruffo Appel, el exgobernador (panista) de Baja California (1989-1995), podría causar un efecto ‘dominó’.

Es decir, marcar el inicio de una investigación profunda por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) –en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana– para identificar a otros políticos que estén involucrados con el robo, contrabando y la venta de gasolina y diésel, para sancionarlos. Igual que a los empresarios coludidos en el huachicoleo, como afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Trátese de quien se trate, dijo. Sin distingos ideológicos ni de colores.

‘Huachicol’ (en nuestro país), se le llama el robo y la venta ilegal de los combustibles –principalmente, extraídos de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, y el término de ‘huachicol fiscal’ se refiere a la práctica de evadir impuestos y aranceles al importar y/o comercializar combustibles utilizando esquemas fraudulentos para no pagar las contribuciones correspondientes, expandiéndose el concepto a la evasión fiscal en la importación y su venta, al utilizar facturas falsas o pedimentos de importación que no corresponden a la realidad para justificar la operación.

Sobre las incautaciones de ‘huachicol’ más recientes, recuerdo que:

+ En marzo 27 de este año, fueron decomisados más de 8 millones de hidrocarburos en Ensenada, Baja California, presuntamente robados en un predio ubicado sobre la autopista que conecta al municipio con Rosarito. Y, acorde a las investigaciones primarias, el propietario de ese cargamento es Gerardo Novelo Osuna, el ex senador suplente de Jaime Bonilla Valdés, de Movimiento Regeneración Nacional (morena) aunque hasta ahora no se ha confirmado esta información en instancias oficiales;

+ Cuatro días después (31 de marzo), en Altamira fueron decomisados más de 10 millones de litros de hidrocarburos, pertenecientes a la empresa Intanza S. A. de C. V. cuyos dueños son Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Ochoa Alvarado, quienes, por cierto, están vinculados a un alto funcionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) que radica en de Tampico: Javier Antonio Martínez; y

+ El día 8 que nos antecede, fueron asegurados 129 carrotanques con 15 millones 480 mil litros de combustibles, durante operativos realizados en los municipios Ramos Arizpe y Saltillo (Coahuila), propiedad de Ingemar, S. A. de C. V. –propiedad de Ruffo Appel, según información divulgada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch–, a la que ya investiga la Fiscalía General de la República (FGR).

Estos decomisos y la mención pública del hoy diputado federal panista Ernesto Guillermo me hacen suponer que por el efecto ‘dominó’ empezarán a caer otros políticos involucrados en el contrabando de combustibles y/o el huachicol, en todo el país.

En el caso concreto de Tamaulipas todo apunta hacia Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su relación cercana con los Carmona Angulo -Sergio (qepd) y Julio César–, quienes financiaron su campaña en 2016 por la gubernatura y, a cambio, les otorgó contratos multimillonarios de obras y adquisiciones durante su período gubernamental.

Es un caso que García Harfuch tiene documentado.

Igual la investigación que mantiene sobre el suegro de ‘Pancho’, José Ramón Gómez Reséndez –propietario del Grupo Gor, S. A. de C. V.–, por contrabando de combustible y la venta de hidrocarburos robados a Pemex; y otra sobre la relación de varios políticos tamaulipecos con esa banda que en vida comandara el llamado ‘Rey del huachicol’, disfrazando su actividad en la empresa Grupo Industrial Permart, S. A. de C. V. y de Horacio García Rojas Guerra, quien salió del gobierno de Cabeza de Vaca para dedicarse de tiempo completo a los negocios de Carmona.

Se ha denunciado también que el ‘Grupo Industrial JOSER’, propiedad de los Carmona, recibió del gobierno panista $199 millones 253 mil 111 tan sólo en dos años (del 2017 al 2019); mientras que el Grupo Industrial Permart se embolsó 130 millones 575 mil 743 pesos en solamente un año.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), es una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cuya función principal es proteger el sistema financiero de usos ilícitos, combatiendo el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; además recopila, analiza y difunde información financiera para apoyar a las autoridades en la lucha contra estos delitos.

Ésta, por cierto, identifica a dos empresas mexicanas de transporte de materiales peligrosos –SLA Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística–, como presuntas colaboradoras en las operaciones de huachicol y contrabando de combustible–, por lo que la presidenta ha manifestado en sus conferencias de prensa ‘mañaneras’ que el combate a este ilícito debe ser conjunto entre a los gobiernos mexicano y estadounidense.

Y también ha reiterado que el combate a lo huachicoleros se realizará hasta donde tope, sin consideraciones políticas, lo cual hace presumir que en la mira de García Harfuch están los senadores Olga Patricia Sosa Ruiz, Maki Esther Ortiz Domínguez y José Ramón Gómez Leal; el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; la ex secretaria de Finanzas del Gobierno estatal, Adriana Lozano Rodríguez; el secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González y la recién electa magistrada del Poder Judicial estatal Tania Gisela Contreras López, por su relación estrecha con la banda de los Carmona Angulo.

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