Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de evitar que personas sujetas a proceso penal accedan a cargos públicos en los ayuntamientos, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa para modificar la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.

La propuesta, promovida por el diputado Marco Antonio Gallegos Galván, contempla la suspensión de los derechos político-electorales de quienes enfrenten un proceso judicial. Además, plantea eliminar el requisito de “ser mexicano por nacimiento” para poder contender por un cargo en los gobiernos municipales.

Uno de los ajustes más relevantes propuestos en la reforma es la actualización del término jurídico “auto de formal prisión”, ya en desuso, para ser sustituido por el concepto vigente de “auto de vinculación a proceso”, en consonancia con el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“La figura del auto de formal prisión fue eliminada en la reforma constitucional de 2008. Por ello, es necesario armonizar el Código Municipal con la Carta Magna”, argumentó Gallegos Galván al presentar la iniciativa.
El documento señala que una vez notificado el auto de vinculación, los aspirantes o funcionarios en funciones perderán temporalmente sus derechos políticos, hasta que su situación legal sea resuelta. En el caso de funcionarios con fuero, el efecto comenzará al momento en que se determine procedente iniciar una causa penal.

Otra modificación incluida en la propuesta elimina la exigencia de ser mexicano por nacimiento para poder integrar un Ayuntamiento, ya que se considera una disposición excluyente y contraria a la Constitución.

“La Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional este tipo de restricciones para ocupar cargos públicos. La nacionalidad es un derecho esencial que habilita a las personas para participar en asuntos públicos”, se subraya en la iniciativa.
De ser aprobadas, las reformas entrarían en vigor en el proceso electoral ordinario 2026-2027, en el que se renovarán los 43 Ayuntamientos del estado.

Este paquete de cambios legislativos se da en un contexto donde, según datos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, hay al menos 10 presidentes municipales bajo investigación penal, lo cual refuerza la intención de Morena de impedir que quienes enfrentan cargos legales puedan mantenerse o contender por cargos de elección popular.