Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

Los colaboradores de Alejandro Gertz Manero y Homar García Harfuch que magnifican sus actuaciones el frente de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son tan torpes que, otra vez, recurren a la descalificación de servidores públicos estatales, ya que así pretenden atenuar los tropiezos de la Federación en su combate a delincuencia organizada.

Para esos lisonjeros, cuanto suceso violento registran los municipios vecinos de la Unión Americana, no debe alarmar a la población; y menos las autoridades estatales y municipales, según ellos, deben dar la voz de alerta, sino manejar la situación discretamente, aun cuando resulta claro que el clima de terror se da, precisamente, por la presencia de distintos grupos de hampones que se disputan el control de las zonas ante la incapacidad de las corporaciones federales para perseguirlos y diezmarlos, siendo que es de suyo responsabilidad atender lo relacionado con el narcotráfico, contrabando, tráfico de indocumentados, secuestros y todo lo que sean delitos federales.

Basta analizar las estadísticas para confirmar que los delitos federales no han disminuido, tanto como lo han divulgado los panegiristas de los dos funcionarios, aunque traten de disfrazarlos culpando de sus tropiezos a los alcaldes y mandatarios quienes, constitucionalmente, solamente tienen atribuciones para prevenir y perseguir ilícitos del orden común y nunca los federales, porque entonces sí estarían quebrantando la ley.

De ahí que las declaraciones vertidas por algunos mandos de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sean consideradas parte del juego que se les ha ordenado poner en práctica en contra de toda autoridad municipal –como es el caso del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, pues golpeando a quienes son oposición creen que acrecentarían su clientela.

En consecuencia, lo que ahora escupen hacia arriba esos zalameros podría caerles en pleno rostro, en años posteriores.

Y más cuando hablan de atribuciones sin saber a ciencia cierta qué dice la legislación al respecto.

¿Acaso nunca han consultado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

Ahí claramente se establece la responsabilidad de cada nivel de Gobierno.

Por tanto, las declaraciones de altos funcionarios federales que tratan de minimizar el caso, podrían formar parte del guion al que hay que acudir frente a los acontecimientos de esta índole –lo entiendo perfectamente–, pero de ninguna manera se puede convenir que en ello vaya implícita la tentación de negar una realidad que se palpa a diario, como es la inseguridad pública.

Bajo esta óptica, tendríamos que aceptar que los crímenes que se cometen diariamente en todo el país, en clara disputa entre mafiosos, son algo normal; ‘cosas naturales que no trastocan la vida de la gente y ocurren de manera circunstancial’, como lo han sugerido funcionarios federales, aunque los sicarios tomen como escenario para dirimir sus desacuerdos las principales arterias de los municipios, carreteras y las poblaciones más recónditas.

Igual tendríamos que convencernos de que las armas y balas de grueso calibre –con que los hampones quitan la vida a personas, estén o no en el tejemaneje de la ‘maña’–, son artefactos que llegaron a sus manos de pura casualidad.

Sugerir esto, es como una aceptación tácita para que los encargados de la seguridad ciudadana se crucen de brazos y no vean ni oigan absolutamente nada que ponga en riesgo el trabajo que desempeñan.

Es, también, como una invitación abierta a vivir en la resignación e indolencia.

Entonces, ¿qué están esperando los funcionarios encargados de combatir en verdad a la delincuencia organizada?

Ciertamente, junto al desempleo y la pobreza es la inseguridad pública uno de los problemas que más lastiman a la sociedad.

El cáncer penetra hasta los rincones más apartados de la geografía nacional, evidenciando tropiezos en la materia. Paso a paso, el hampa ha sentado sus reales y defiende a sangre y fuego el territorio ‘conquistado’ mientras la autoridad federal, hasta la fecha, no logra encontrar la fórmula para atenuar, al menos, ese lastre que atenta contra individuos y familias tanto en su patrimonio como en su integridad física y moral.

Ciudades y comunidades otrora pacíficas, han pasado a constituirse en espacios de alto riesgo donde sólo impera la ‘ley de la selva’, sin que exista poder humano capaz de restablecer el orden.

Por el contrario, es harto palpable el tropiezo de las estrategias para frenar los índices delictivos, como lo demuestran los acontecimientos que han tenido lugar en los días más recientes; y eso permite suponer que se cometen en un marco de impunidad constituyendo, además, uno de los principales ingredientes que permiten su propagación.

En fin, con la reconstrucción de la Guardia Nacional, que por ley está a cargo de la seguridad pública nacional, los altos mandos civiles de la FGR y de la SSPC obligadas están a conducir sus indagatorias acompañados de militares y atender los asuntos administrativos para empapelar a los delincuentes que resulten detenidos.

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