Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
La represión que se ejerce en Puebla y Campeche contra los críticos de los gobernadores Alejandro Armenta Mier y Layda Sansores Sanromán, podría desencadenar una asonada social, pues ambos no sólo quieren amordazar a la prensa, sino también a los usuarios del ciberespacio que, en la internet a través de cualquier plataforma, discrepen de su quehacer público, bajo el argumento de haber sido ofendidos y/o insultados, como ya lo han hecho.
Esto es un claro atentado a la libertad de expresión y también a la libre manifestación de ideas. Pero, al mismo tiempo, significa un grave retroceso de la democracia y el retorno al autoritarismo político.
Hay dos casos igual altisonantes, de legisladores que pujan y empujan para que se expida una nueva ‘ley mordaza’, tras la eliminación del artículo 109 de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión –aprobada el miércoles que nos antecede–, ante el rechazo generalizado de la sociedad, pues el texto originar contemplaba apagar plataformas cuando el contenido molestara a los fiduciarios del poder.
Inclusive, los dos legisladores obligaron a sus críticos a, públicamente, pedirles disculpas por lo que publicaron en redes sociales, humillándolos y, lo peor, con la complicidad de magistrados, mientras ellos se pavoneaban cual si fueran monarcas ante el placer de pisotear a los lacayos.
Ella es Diana Karina Barreras Samaniego, diputada federal por el PT y, por cierto, esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (morena). Acusó, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la ciudadana Karla María Estrella de ‘violencia política de género’ porque ésta cuestionó (en su cuenta ‘X’) su candidatura, hará más/menos un año, al suponer que se la debía a su marido.
El Tribunal dictó hasta hace días una medida cautelar, consistente en pagar una multa, ofrecer disculpas públicas por 30 días, tomar un curso de género, realizar lecturas obligatorias de bibliografía especializada y publicar la sentencia en sus redes sociales, además de que será inscrita en el Registro de Personas Sancionadas del INE por 18 meses.
Él, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, es senador; y presidente de la cámara alta. Hace +/- nueve meses acusó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al abogado Carlos Velázquez de León, por ‘agresiones’ físicas y verbales –perpetradas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México–, durante una discusión generada por la crítica del abogado.
La FGR determinó que el acusado pidiera disculpas públicas, ‘para así evitar ser consignado’ al criticar la actuación de Fernández Noroña. Y el 19 de mayo próximo pasado lo hizo en la cámara alta, grabación de por medio que refiere una clara humillación hacia su persona, mientras Fernández se regodeaba con la petulancia que lo distingue. De ahí que, para acallar a los críticos de él en las redes sociales, impulse una ‘ley mordaza’.
Los cuatro casos son patéticos, como igual lo es la sola consideración de aplicar leyes similares en Tamaulipas, externada por el presidente de la Junta de Gobierno de la LXVI Legislatura local, Humberto Armando Prieto Herrera, ante pregunta expresa de los medios de comunicación masiva, en la propia sede cameral.
Según el diputado, el Poder Legislativo estatal a la fecha todavía no ha recibido ninguna iniciativa y/o propuesta para modificar la ley en materia de libertad de expresión, pero de presentarse el caso lo abalizarían para saber la viabilidad de reformas constitucionales similares a las adoptadas por sus pares de Puebla y Campeche.
Como fundamento a una eventual propuesta en este sentido, Prieto ha dicho que se confunde la libertad de expresión con el libertinaje, pero no da mayores datos ni ofrece ejemplos contundentes que así lo demuestren aun y cuando, en parte, su comentario tiene razón, porque hay quienes abusan de las plataformas digitales para denostar a sus semejantes.
Pero de ahí a promover la censura a las redes sociales, hay un mar de diferencia.
Sobre todo, porque en algunas plataformas digitales se ha establecido su ‘baja’ cuando los contenidos sean ofensivos contra cierta persona, o por varias razones, incluyendo el incumplimiento de normas de la plataforma, la violación de derechos de autor, la publicación de contenido inapropiado o peligroso, el ciberacoso, la suplantación de identidad, e incluso por decisión propia del usuario.
En ningún momento se dice que por críticas a los funcionarios públicos o políticos. Pero estos suelen malinterpretar las palabras, ‘acomodándolas’ a su gusto cuando los contenidos les incomodan o refieren sus excesos, en los argos que ostentan, precisamente.
De ahí el interés de amordazar a la prensa, pues cada día resulta más frecuente sacar a la luz pública el abuso de poder o ilícitos cometidos, sus deslices y malos comportamientos.
Por eso, simplemente, quieren amordazar a la prensa.
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