CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
¡Al fin alguien se atreve a decirlo! El Congreso del Estado acaba de recibir una iniciativa que, aunque quizá no prospere, pone el dedo en una de las llagas institucionales más infectadas de Tamaulipas: la impunidad de quienes violan los derechos humanos… y de quienes fingen protegerlos.
La propuesta viene de Marco Antonio Gallegos Galván, legislador morenista, y busca sancionar a los servidores públicos que ignoren las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet). Suena a revolución en papel.
No sabemos si la mayoría legislativa de Morena realmente tenga la voluntad de empujar la iniciativa hasta convertirla en ley, pero el hecho de que se atrevan a exponer públicamente la ineficacia de la Codhet ya es ganancia. Aunque sea simbólica.
Porque hay que decirlo con todas sus letras: la Codhet es una oficina decorativa. Una institución inerte que ha preferido el silencio cómodo a la denuncia valiente. Una comisión que, en los hechos, se pliega al poder en vez de enfrentarlo.
La omisión no es solo cobardía: es complicidad. La mayoría de las recomendaciones emitidas por la Codhet terminan ignoradas o archivadas por las autoridades a quienes van dirigidas. Y no pasa absolutamente nada.
La Codhet juega a defender derechos, pero con el freno de mano puesto. Calla ante las desapariciones, murmura cuando hay abusos policiales y reacciona tarde, mal y nunca cuando se atropellan libertades.
Por eso la iniciativa de Gallegos Galván resulta tan provocadora: propone que los servidores públicos que desobedezcan una recomendación sean citados por el Congreso para explicar su desacato. ¡Qué escándalo! Que el poder Legislativo obligue a rendir cuentas… eso no se ve todos los días.
Y no solo eso: también plantea que esos servidores públicos puedan ser denunciados penal o administrativamente. O sea, que la impunidad deje de ser ley no escrita.
De aprobarse, la iniciativa abriría una puerta que durante décadas ha estado cerrada con candado: la puerta de la responsabilidad institucional. Esa que todos miran, pero nadie se atreve a tocar.
Pero cuidado: tocar esa puerta también implica exhibir que la Codhet no ha servido para nada. Y eso incomoda a muchos.
¿Quién le teme a los derechos humanos? Todos aquellos que creen que el poder se ejerce sin límites, sin consecuencias y sin cuestionamientos. Todos los que han hecho carrera ignorando las denuncias, maltratando a los ciudadanos y burlándose del sistema.
En este contexto, la propuesta de Gallegos Galván no es una simple ocurrencia legislativa: es un acto de dignidad institucional. Un intento, al menos, por recordarle al gobierno que no todo se puede barrer debajo de la alfombra.
Claro, los cínicos dirán que es solo un gesto simbólico. Puede ser. Pero incluso los gestos simbólicos, cuando se hacen desde el Congreso, tienen un poder político que no debe subestimarse.
Tamaulipas necesita instituciones que funcionen, comisiones que actúen, legisladores que no le tengan miedo a tocar los temas incómodos.
Las víctimas siguen esperando justicia.
Por eso esta columna aplaude la iniciativa, aunque se quede en el tintero. Porque señala lo evidente. Porque llama a cuentas. Porque incomoda. Y en estos tiempos, incomodar al poder ya es una forma de resistencia.
ASI ANDAN LAS COSAS.
