Por: José Medina
VICTORIA.- La diputada Francisca Castro Armenta promueve una iniciativa para establecer un marco legal que garantice un acceso a Internet seguro y libre de toda forma de violencia. Esto implica una acción proactiva del Estado, desde el reconocimiento explícito de este derecho fundamental hasta la implementación obligatoria de programas de prevención, educación y atención, En definitiva, esta propuesta legislativa busca transformar el entorno digital de un espacio de riesgo a uno de pleno desarrollo, asegurando que el futuro de las nuevas generaciones en Tamaulipas se construya sobre bases sólidas de seguridad y dignidad en línea.
Subrayó que la presente Iniciativa responde a la imperiosa necesidad de garantizar un entorno digital seguro para niñas, niños y adolescentes en Tamaulipas, reconociendo que el acceso a Internet, aunque imprescindible en la actualidad para su desarrollo y participación, debe estar acompañado de medidas claras y contundentes que minimicen los riesgos y protejan la integridad de los menores, asegurando así su pleno desarrollo en la era digital.
El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una política de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad.
El Estado promoverá políticas públicas de prevención, protección, atención y sanción del acoso sexual y de todas las formas de violencia que causen daño a su intimidad, privacidad, seguridad o dignidad, de la población infantil y adolescentes, realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
La esencia de la Iniciativa, nace con la finalidad primordial de salvaguardar la salud mental, emocional y la integridad física y digital de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Tamaulipas. Para alcanzar este fin crucial, se busca establecer un marco legal que no solo sea robusto y efectivo, sino que garantice plenamente su derecho inalienable a un acceso seguro y completamente libre de violencia en Internet.
Concretamente, esta propuesta legislativa persigue reconocer y explicitar este derecho fundamental en nuestra normativa local, sentando así las bases para su protección. Paralelamente, se impone la obligación categórica a todas las autoridades estatales, incluyendo a las de educación, seguridad, salud y procuración de justicia, de diseñar e implementar programas permanentes y proactivos de prevención, detección y atención frente a los riesgos y delitos digitales que acechan a nuestros menores, tales como el ciberacoso, el grooming, la sextorsión y la exposición a contenido nocivo.
Las autoridades competentes deberán establecer estrategias educativas de supervisión y sensibilización dirigidas a niñas, niños y adolescentes, así como a sus padres, madres o tutores, para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías digitales.
